El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, ha citado a los acusados en el caso 'Ballena Blanca', contra la presunta trama de blanqueo de capitales a través de un bufete de abogados de la localidad marbellí, para que comparezcan en las dependencias judiciales los días 10 y 11 de este mes de diciembre, según consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor.
Así, según explicaron fuentes judiciales, el motivo es notificarles personalmente dicha resolución, aunque se haya notificado ya a través de sus abogados; así como el escrito de acusación del fiscal, en el que se solicita en total 65 años de prisión para los procesados; y requerirles para las responsabilidades pecuniarias.
De esta forma, se acuerda citar para el próximo miércoles a 11 personas, entre ellas al principal acusado, el abogado Fernando del Valle, al que se le acusa de 13 delitos contra la Hacienda Pública, uno de falsedad documental, otro de blanqueo de capitales, otro de falso testimonio y un delito contra la Administración de Justicia. Para el jueves día 11 se ha citado a los restantes acusados.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda la apertura de juicio oral contra 21 personas, se considera la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento y, además, se estima mantener la misma situación personal de los acusados, "mandando a los acusados que presten fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".
En este sentido, se requiere a 18 de los acusados a que presten en total algo más de 51 millones de euros de fianza de responsabilidad civil. En el caso de Del Valle, según la resolución del juez, se le requiere 12 millones por el delito de blanqueo y 1,8 por los delitos contra la Hacienda Pública.
Además, se acuerda enviar comisiones rogatorias a los Países Bajos, Suecia y a las autoridades francesas para que informen de los antecedentes penales de tres de los acusados y remitir varios exhortos a juzgados malagueños sobre otros procedimientos para incorporar documentos a esta causa.
La Fiscalía Anticorrupción acusó en su escrito provisional a 21 personas, seis de ellas españolas, y la mayoría clientes del bufete de abogados de Del Valle, aunque también hay procesados que son empleados de dicho despacho y dos notarios. En total, se acusa por 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 de falsedad documental, también continuados; y dos de falso testimonio.
Según el fiscal, la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo que corresponden a Del Valle asciende a la suma conjunta de 12 millones de euros y señala que el letrado había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.
Según se recoge en el documento, de 208 páginas, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.
El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en los últimos años en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. El sistema consistía en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española.
Por lo general, la persona jurídica extranjera era, a su vez, una sociedad constituida en el Estado de Delaware que, "aunque formalmente no es un paraíso fiscal, posee una legislación muy permisiva en materia de constitución de sociedades". Esta sociedad, que aparece representada por Del Valle, ostenta el 99 por ciento de las participaciones de la nueva sociedad española que se constituye; mientras que el uno por ciento restante corresponde a la persona física española, casi siempre una de las empleadas de confianza del principal acusado, que también está acusada.
El fiscal relata que, además, el letrado "va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de un servicio integral llevando él personalmente o a través de personas de su confianza la gestión del patrimonio", de forma que la investigación puso de manifiesto "la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos" y que están relacionados, presuntamente, "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
