En rueda de prensa, anunciaron la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar los problemas del maltrato al profesorado, los fraudes en la escolarización, el absentismo escolar y la delincuencia juvenil asociada a la seguridad vial.
Álvarez de la Chica y García Calderón presidieron una reunión de trabajo en el Parlamento de Andalucía con asistencia de los fiscales de Menores y de Seguridad Vial de toda Andalucía, así como un representante del Defensor del Pueblo andaluz y la Fiscal de Sala coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal.
Las infracciones de tráfico, que representan el 40% de la delincuencia juvenil en Andalucía, son objeto de una “preocupación constante” y por ello se barajan diversas alternativas como el posible cumplimiento de las condenas a través del sistema educativo, dijo García Calderón, en modalidades que se determinarán más adelante.
Otra de las alternativas es introducir la materia de seguridad vial en la enseñanza, posiblemente dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía o mediante la incentivación del profesorado, precisó Álvarez de la Chica.
Se trata de que “el sistema educativo no sea ajeno a los elementos de prevención en esta materia”, dijo el consejero de Educación.
García Calderón anunció, además, la creación en los próximos meses de un fiscal coordinador andaluz para temas de menores, cuyo objetivo será mejorar la eficacia de su trabajo al igual que ya sucede con otras dos materias: violencia de género y seguridad vial.
La fiscal Consuelo Madrigal explicó que otro temas debatido fue la búsqueda de mecanismos para agravar las condenas en el caso de agresiones a profesores en centros educativos privados o concertados, que no pueden ser calificadas de atentado a la autoridad al no tratarse de funcionarios públicos.
Según Madrigal, tal mecanismo podría consistir en imponer las penas en su grado máximo para así evitar que “la agresión en un centro privado salga más barato que en uno público o concertado”.
Agresiones al profesorado
La Junta de Andalucía y la Fiscalía Superior tienen avanzado un protocolo de colaboración para intercambiar información que permita identificar el problema de las agresiones al profesorado y hacer una “estadística fiable” de las cometidas por menores de edad, por los mayores y por los padres, así como el “perfil criminológico y el contexto en el que se producen” este tipo de agresiones, informaron.
Álvarez de la Chica recordó que la conflictividad en las aulas andaluzas es “relativamente baja”, pues mantiene un comportamiento agresivo el tres por ciento del alumnado, pero pese a ello consideró se trata de “un hecho dañino para el sistema educativo y la sociedad en su conjunto” y por ello se debe conseguir “la reprobación social de ese tipo de comportamientos”.
En cuanto al fraude en la escolarización, el consejero afirmó que el objetivo de la Junta es que el ciudadano perciba que se trata de un sistema “limpio y equitativo” y ha destacado que apenas se reciben unos centenares de reclamaciones sobre un total de 200.000 operaciones de escolarización cada año.
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