El PSOE ha pedido responsabilidad tanto a PP como a IU para que aprueben este miércoles las leyes de Autonomía Local (Laula) y de Participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad, ya que consideran que aceptar el grueso de las enmiendas que habían presentado los representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) es un valor suficiente para que la oposición apruebe esas normas que consideran “pioneras”.
Según el discurso de los socialistas, los municipios dieron su aprobación en el Consejo de Concertación Local a estas dos leyes y tanto PP como IU “tienen que ser coherentes con el respaldo que se dio” en aquel momento, según el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez.
Aunque veía posibilidades de acuerdo con IU, el portavoz parlamentario del PSOE -protagonista ya habitual de las polémicas con los populares- no ocultaba su desconfianza ante el PP por la “confrontación” que a su juicio tiene la dirección popular con sus alcaldes debido a la “estrategia del no” marcada por su líder, Javier Arenas.
Sin embargo, los populares mantienen casi inamovible su postura de que ambas leyes “son insuficientes”, tanto en el ámbito competencial -propone un plazo de seis meses para un proceso regulado de transferencia real de competencias y la creación del Consejo Andaluz de Gobiernos- como en el financiero, introduciendo “mecanismos correctores”, entre ellos la retroactividad a enero de 2010, y planteando un objetivo del 6% de los ingresos tributarios, lo que supondría partir de 604 millones de euros, frente a los apenas 200 que establece el texto del gobierno.
IU no se acerca al acuerdo
Tampoco están tan cercanos al acuerdo desde IU, ya que consideran que no servirá “el aumento de la competencia de los ayuntamientos si no hay recursos”. Además de plantear también la retroactividad de la Ley, exigen que se alcance un fondo de mil millones para 2014, la reactivación de los planes Proteja y el Memta, la creación de una línea de financiación a través de un convenio entre la Junta y las cajas de ahorro para dar liquidez y créditos; el reconocimiento de la deuda histórica contraída con los ayuntamientos; y la existencia de competencias en las leyes que se acompañen de financiación.
Además del debate final de esta Ley, el Pleno también abordará la polémica creada por el “error” de los socialistas en la votación de la Ley de Aguas, cuando aprobaron 26 enmiendas del PP que cambiaban el espíritu y filosofía de la norma. Los grupos deberán aprobar tanto la resolución de la Comisión de Medio Ambiente posterior a esa votación, que mantiene el texto hasta su revisión, como la toma en consideración de la nueva proposición de Ley de Aguas de los socialistas, respaldado ya por el Consejo de Gobierno y que debería tramitarse por vía de urgencia.
Los socialistas, en lugar de esperar a que los populares acepten o no que las enmiendas fueron aprobadas por error y que el texto pueda volver a la redacción que habían respaldado con sus enmiendas PSOE e IU, han decidido tramitar esta proposición y solicitar el procedimiento de urgencia para que tenga el visto bueno cuanto antes, aunque los plazos parlamentarios hace prácticamente imposible que pueda estar aprobada antes de que finalice el presente periodo de sesiones, es decir, que no entrará en vigor hasta después del verano.
Pero como no hay dos sin tres, el debate también se centrará en las repercusiones de los recortes planteados por el Gobierno central, aunque sin propuestas de resolución. Así, mientras la oposición pedía que se celebrar un debate específico, la mayoría socialista impedía el pasado miércoles este formato, sustituyéndolo por una comparecencia del Consejo de Gobierno.
Aún así, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no se podrá librar del tema y el jueves, durante la sesión de control, tendrá que contestar sobre esta cuestión tanto al líder del PP, Javier Arenas, como al de IU, Diego Valderas.
El recorte del gasto público
Mientras, los los populares pedirán esta semana en el Parlamento, mediante una proposición no de Ley sobre recorte del gasto público, que la Junta exija al Gobierno la clarificación de cada uno de los recortes que va a llevar a cabo en Andalucía, la evaluación de su impacto socio-económico y la justificación de las razones que mueven a ello.
Además, demanda a la Junta que impida por todos los medios el recorte de las inversiones del Estado en la comunidad; que inste al Gobierno a acometer una reforma en profundidad del conjunto del sector público, a presentar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a emprender de manera inmediata las reformas de la educación, laboral, del sector financiero o de la Administración.
De igual modo, entre otras propuestas se encuentran que la Junta presente un plan de reordenación del sector público empresarial; la elaboración de un código de buenas prácticas de la Administración andaluza, y que el Gobierno andaluz no reduzca ni ralentice la inversión pública contemplada en el Presupuesto de la Junta para 2010.
Según la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, en Andalucía existe un “monstruo” que es el sector público, que se compone por 317 entes públicos, siendo 172 de ellos empresas públicas y el resto fundaciones, consorcios, agencias o sociedades mercantiles.
“Este monstruo nos cuesta 5.000 millones al año en Andalucía, justo la cifra que España tiene que recortar en 2010”, apuntó Oña, quien se preguntó si son necesarios dichos recortes existiendo “este monstruo”.
Asimismo, dijo que, según datos de la Cámara de Cuentas, la Junta ha duplicado entre 2004 y 2008 las aportaciones a este sector, cuyas pérdidas también se han duplicado. Concretamente, las inversiones se han incrementado en un 130 por ciento, mientras que las pérdidas lo han hecho en un 116 por ciento. Además, el número de las empresas públicas ha crecido un 13,6 por ciento entre julio de 2008 y julio de 2009, según denunció.
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