Salgado ya adelantó el pasado domingo el anuncio de un ahorro adicional de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, antes de que comenzara la reunión extraordinaria del Consejo de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Bruselas, pero no detalló las medidas en espera de que lo hiciera el presidente del Gobierno ante el Parlamento.
En el debate del Ecofin, varias delegaciones –Alemania, Holanda y Suecia, entre ellas– insistieron en mayores recortes, de hasta 30.000 millones, para hacer creíble el histórico plan de estabilización financiera de la zona euro aprobado por los Veintisiete.
A cambio de un mecanismo de rescate contundente, de hasta 750.000 millones de euros, para los estados del euro que pudieran caer en peligro de insolvencia, como le ha sucedido ya a Grecia, los socios y las instituciones europeas –especialmente el Banco Central Europeo– exigían a los estados más expuestos –Portugal y España– la reducción drástica y rápida de sus déficit.
Con el nuevo ajuste, España pretende recortar el déficit público desde el 11,2% del PIB hasta el 9,3% en 2010, reducirlo hasta el 6% en 2011 y situarlo por debajo del límite del 3% que marca el pacto de estabilidad y crecimiento, en 2013.
Para ello, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el miércoles en el Parlamento una batería de medidas entre las que destacan la reducción de la inversión pública, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y una rebaja media del 5% en los sueldos de los empleados públicos, por primera vez en la historia de la democracia española.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dio la bienvenida ese mismo día al anuncio de las medidas, que “parecen ir en la buena dirección”, según dijo, pero se reservó su opinión definitiva hasta hoy en que conocerá todos los detalles.
El Fondo Monetario Internacional también saludó el anuncio por boca del director del departamento europeo, Marek Belka, aunque también él insinuó que es pronto para aventurar si harán falta recortes adicionales.
Portugal, por su parte, aprobó en la jornada del pasado jueves una reducción generalizada del gasto público, un recorte del 5% de los salarios de los altos cargos y un aumento del IVA desde el 20% al 21% para ahorrar 2.100 millones de euros y reducir el déficit público al 7% del PIB este año, por debajo del 8,3% previsto inicialmente por el Ejecutivo luso.
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