Según Martínez Aguayo, a lo largo de la crisis “toda la ciudadanía está sufriendo importantes sacrificios”, tanto el sector empresarial como los trabajadores en términos de desempleo, por lo que consideró que la reducción del gasto público hay que entenderlo como un proyecto social necesario “para apuntar la recuperación económica”, considerando que “ha llegado el momento de pedir un sacrificio al conjunto del sector público”.
Reiteró el compromiso de Andalucía con la estabilidad financiera y el respaldo de la Comunidad a las medidas del Gobierno central “por convicción y porque es necesario, porque nuestra máxima prioridad es la recuperación económica y que se genere empleo”, a lo que contribuirá la reducción del gasto público.
La consejera de Hacienda confirmó que, a falta de estudiar los detalles del decreto ley que presentará el viernes el Gobierno central y los porcentajes que se establezcan en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a las comunidades autónomas, la Junta aplicará la reducción del 5% a los sueldos de los funcionarios -al ser una norma básica estatal de obligado cumplimiento a través de la Ley de presupuestos- así como el resto de medidas -incluida él descenso del sueldo del Gobierno andaluz.
Sobre la incidencia en los sueldos públicos, apuntó que dependerá de los porcentajes que se establezcan porque “no los niveles de sueldo en Andalucía no son los mismos que en otras comunidades”, mientras apuntó que la influencia en la demanda interna dependerá de los detalles del Decreto Ley.
Además, confirmó que estudiarán cuál será la incidencia que tendrá en la oferta pública de empleo de la Junta, que se revisará en función de lo que sea de obligado cumplimiento, defendiendo como “razonable” el porcentaje del empleo público en relación al resto de ocupados
En cuanto al plan de racionalización que Andalucía está preparando, la consejera insistió en que se está trabajando para tomar decisiones “con sosiego y tranquilidad” dentro del plazo fijado hasta el 22 de junio. Insistió en que se están revisando “de arriba a abajo” el Presupuesto, lo que incluye una revisión de las partidas de gasto “buscando el nivel que puede reducirse sin hipotecar lo importante”, entre las que citó la concertación y la educación, e incluyendo una reestructuración del sector público empresarial, aunque no dio más detalles porque “las decisiones todavía no están cerradas” porque también inciden las medidas adicionales tomadas por el Gobierno central.
En cuanto al esfuerzo de las comunidades autónomas, aclaró que no se han puesto encima de la mesa todavía los porcentajes que afectarán a las autonomías y a las corporaciones locales (1.200 millones, según adelantó el Gobierno central), pero confirmó que seguirá manteniendo que se fijen objetivos diferenciales si hay comunidades, como Andalucía, “que siempre han cumplido y que tienen un nivel de endeudamiento por debajo de la media”, algo que consideró “razonable”.
Posteriormente, en unos cursos sobre control del gasto en un contexto de austeridad, Martínez Aguayo reconoció que es “una gran injusticia que aquellos a los que hemos tenido que rescatar son los que nos dicen que tenemos que bajar el gasto”, pero consideró un ejercicio de responsabilidad tomar este tipo de decisiones “porque quien tiene el dinero son los mercados financieros y quienes tenemos que pagar las facturas somos nosotros”.
Para la consejera, “lo que está detrás es una reorganización de la toma de decisiones, el poder político o el poder económico, esa es la batalla”, aunque señaló que lo que está en juego es el modelo del Estado de Bienestar y recuperar los niveles de solvencia para mantener la prestación de los servicios.
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