El informe, al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y analiza los pagos y cobros de Orange Market en 2007, año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales.
Durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad “solamente una parte de los servicios realizados”, pero también prestó otros “que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos”.
“El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)”, asegura la AEAT, que agrega que esos cobros “en B” se obtuvieron “en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007”.
Según las documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valenciana y a organismos dependientes de ésta.
Un tercer bloque de clientes estaba compuesto por varias empresas como Luis Batalla S.A. o Padelsa Infraestructuras S.A., entre otras.
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