Así lo manifestó el fiscal en la última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia y en el que ha imputado a los tres presuntos terroristas dos delitos de asesinato por la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas.
Según el representante del Ministerio Público, que reclama además que los acusados indemnicen con 500.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos, existe una “abundante, contundente, independiente y unívoca prueba” de su participación en la acción terrorista.
El atentado de la T-4, ocurrido el 30 de diciembre de 2006, no sólo “segó” la vida de dos personas y estuvo a punto de hacerlo con la de otras 52, sino que “hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin”, señaló en referencia a que supuso el final del alto el fuego declarado por la banda.
Los propios autores, continuó, “sabían lo que llevaban entre manos y las consecuencias que querían causar” y ellos mismos reconocieron los “daños, lesiones y las muertes” que buscaban, tal y como demostraron en las llamadas en las que Portu –con un grado de posibilidad del 98 por ciento, según los peritos que las analizaron– avisó de la colocación de una furgoneta-bomba “de gran potencia”.
La novia de una de las víctimas declaró a los periodistas que “ha sido muy duro ver a los autores del atentado tan tranquilos”.
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