Aunque Martínez Aguayo no avanzó nada del plan de racionalización que presentará antes del 22 de junio y que negocia “al detalle y no a trazos gruesos” con todas las Consejerías, sí quiso dejar claro que la reestructuración del sector empresarial público andaluz sólo busca la eficiencia y optimización de los recursos, sin afectar a los empleados que considera un elemento de “consolidación fiscal” para la recuperación económica, aunque posteriormente reconoció que puede afectar a los cuadros directivos.
La consejera traía ayer al Consejo de Gobierno un decreto que pretende integrar los datos de todas las empresas públicas (agencias, fundaciones y consorcios) de carácter financiero y de recursos humanos en el sistema de información de la Administración general. Según apuntaba, para tomar decisiones que buscan mayor eficiencia y optimización de recursos, es necesario homogeneizar los datos de las empresas públicas, puesto que cada una contempla su propia contabilidad pero no son equiparables.
“Si de ese conocimiento se derivan decisiones, lo sabrán, igual que ocurrió con los sueldos de los altos cargos de las empresas públicas”, que se redujeron con el límite del salario del presidente de la Junta. Aunque quiso defender la transparencia en los datos de las empresas públicas, fiscalizadas en el Tribunal de Cuentas y en la propia Intervención de la Junta, admitió que hay datos que, al no estar homogeneizados, no pueden ser abordados de la misma forma.
Según explicaba, la reestructuración del sector público andaluz “no está planteada para recortar nada”, sino para buscar la máxima eficiencia y optimizar recursos, por lo que están trabajando con “rigor y austeridad” con todas las consejerías para cerrar el plan de racionalización antes del 22 de junio.
Las líneas “tractoras” de este plan, según Aguayo, se basan en una mayor concentración -para conseguir sinergias y evitar duplicidades, ganando en productividad-, la simplificación periférica -que el ciudadano vea qué servicios se le ofrecen- y la mejora de la gobernanza, poniendo como ejemplo la iniciativa para mejorar la información del sector empresarial público, que debe ser un “holding” junto a la Administración general de la Junta.
Martínez Aguayo defendió el volumen de personal de la Administración andaluza, apuntando que es “razonable y, como todo, susceptible de mejora” y consideró “demagógica e inaceptable” las críticas del PP acerca del coste que suponen, cifrado en 5.000 millones. “Nos cuesta lo que nos cuesta”, apuntaba para reflexionar que es cuestión del modelo que se elija y que no se puede criticar ni el servicio ni a los que lo prestan por ello.
60 millones de ahorro en subvenciones
Por otra parte, la Junta pretende ahorrar 60 millones de euros y casi cuatro millones de documentos mediante un decreto que agilizará la tramitación de las subvenciones, según apuntó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, quien destacó el ahorro en “tiempo y dinero” que significará este procedimiento.
Entre las novedades, se incluye la “declaración responsable”, es decir, que el solicitante sólo tendrá que aportar la documentación cuando sea adjudicatario de la ayuda, y que el ciudadano pueda conocer en tiempo real en qué trámite está su solicitud.
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