Según señalaron ayer a este diario fuentes de la Delegación provincial, una vez que se tuvo conocimiento de la agresión sufrida por el docente, que recibió dos puñetazos en el pecho, se siguió el protocolo establecido en el Decreto de Convivencia, y que es el que suele aplicarse en estos casos.
Así, al conocerse la agresión, el Consejo Escolar reunió a representantes de padres, profesores y alumnos, determinándose entonces aplicarle al menor la sanción de un mes de expulsión del centro, transcurrido el cual se volvió a producir el ingreso en el mismo por parte del menor.
Educación expresó ayer su apoyo expreso al profesor agredido, aunque recalcaron que, una vez establecida la sanción fijada por padres, profesores y alumnos, el menor “se tiene que reintegrar” en su ámbito educativo.
Sobre la posibilidad del traslado del joven a otro centro, reclamada la pasada semana por un grupo de alumnos y profesores en una concentración de repulsa que tuvo lugar en el instituto, la Junta recalca que “el centro no ha pedido el traslado”.
El sindicato CGT, que desde el primer momento manifestó su solidaridad a la comunidad educativa de ese centro, requirió respuestas concretas que atiendan las necesidades educativas “especialísimas” del alumno y se produzcan actuaciones de los dirigentes políticos de las consejerías de Educación e Igualdad para dotar a los establecimientos escolares de recursos suficientes para prevenir y atender las necesidades educativas y sociales que un reducido número de alumnado y familiares tienen.
Los hechos se produjeron la pasada semana, cuando el alumno le propinó dos puñetazos en el pecho al profesor. Una circunstancia que se une, según pudo conocer este diario, a otro capítulo similar sucedido el pasado año.
CGT afirma que “hemos recabado información suficiente tanto del profesor como de personal del centro. Nos consta que la Dirección tiene un extenso historial, al cual no hemos tenido acceso, que da idea de la urgencia de la intervención de esa Fiscalía”.
Reacciones
La asociación de vecinos Verde y Blanca, de la barriada de El Saladillo, expresó ayer su solidaridad con el colectivo de profesores del IES Saladillo. Para Verde y Blanca, “el tema de las agresiones en los centros educativos preocupa y asusta cada vez más y en muchas ocasiones provoca miedo e impotencia tanto a profesores como a padres”.
El colectivo vecinal entiende que en la solución a este problema “deberían ir de la mano administraciones, centros educativos, profesores, padres y alumnos, e intentar buscar de una manera consensuada medidas como la elaboración de una normativa que pueda recoger todos los derechos y deberes de alumnos, de profesores y de padres, formación de todas las partes sobre cuestiones como la resolución de conflictos y la detección de casos de acoso escolar, un teléfono para la atención a los casos de violencia y acoso escolar y reforzar la ayuda moral y jurídica a todas las partes.
Por su parte, el secretario de organización del PSA, Juan Luis Barranco, considera que “es imperdonable que alumnos con actitudes totalmente disociales continúen obstaculizando e impidiendo al resto del alumnado el derecho a la educación”.
Los andalucistas consideran “imprescindible” que se manifieste “una apuesta real por la educación, con una reforma en la que prime la calidad y el esfuerzo real, y no creemos que se pueda seguir mirando para otro lado o poniendo trabas a dicha reforma por motivos ideológicos”.
Juan Luis Blanco entiende que “es imprescindible la toma de medidas tanto preventivas como coercitivas contra estos alumnos disociales y en su caso contra sus familias si no muestran la colaboración necesaria, ya que en muchos casos la comunidad educativa se ve desbordada y no puede actuar.
Asimismo, el comité local de los andalucistas consideran “necesaria” la intervención en estos casos de Asuntos Sociales para que realice con estos alumnos labores parecidas a las que se hace con los niños absentistas a los centros escolares.
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