Tras solicitarlo varios letrados, la Sala decidió el pasado 22 de marzo suspender el juicio para cumplimentar estos trámites. Además, se consideró que no constaba actuación del juez instructor encaminada a dar traslado a las partes de todo el procedimiento y se indicaba que no existía encuadernación ni foliado en determinada parte de la documentación intervenida.
En este sentido, el presidente del Tribunal, Federico Morales, dictó un auto en el que se recordaba que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Tribunal "debería declarar nulo lo actuado hasta el momento en que se cometió la falta con la consiguiente devolución de la causa al juzgado instructor", el número 5 de Marbella (Málaga).
No obstante, se señaló que "frente a esa drástica solución", la Sala "considera más adecuado a la naturaleza del defecto y a la necesidad de evitar la dilación la restauración del trámite en la misma sede de este Tribunal", aunque se entienda que es algo "propio de la fase de instrucción".
Así, en las últimas semanas, los abogados han presentado nuevos escritos completando los escritos de cuestiones previas y defensa ya aportados en su momento, solicitando, en algunos casos la nulidad del procedimiento o, si esto no se llevara a efecto, la devolución de la causa al juzgado instructor, algo sobre lo que se tendrá que pronunciar la Sala.
En la primera sesión, las defensas cuestionaron la forma en la que se llevó la instrucción, a su entender "prospectiva", y consideraron que un juez "no puede investigar indiscriminadamente a todo un despacho de abogados. Además, apuntaron otras vulneraciones, como la de las normas de reparto, al secreto de las comunicaciones, la protección de datos y el domicilio, así como del derecho de defensa.
Por su parte, el representante de la Fiscalía Anticorrupción defendió la instrucción, a su entender "correcta" desde el punto de vista procesal, y la actuación del juez que se encargó inicialmente de esta investigación, Miguel Ángel Torres, de quien dijo "no fue alguien predeterminado" para esta causa. Además, sostuvo que se partió de hipótesis basadas en "indicios objetivos" y "hechos contrastados" y que el proceso tuvo "las suficientes garantías".
ACUSACIÓN
En este caso se juzgarán a 19 personas personas, entre ellas al letrado Fernando del Valle, responsable del despacho de abogados de Marbella, desde el que presuntamente se creaba un entramado societario con el que ocultar el origen de las inversiones, supuestamente delictivo, y los titulares del dinero.
Para la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación de este caso junto al Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, los hechos constituyen delitos de blanqueo de capitales, algunos de carácter continuado; contra la Hacienda Pública; falsedad documental, también continuados, y falso testimonio.
El fiscal acusa a Del Valle, en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio. Para este acusado, se estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma de 12 millones de euros.
Las conclusiones señalan que el letrado había creado "una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio" y había diseñado un "entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos
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