Los socialistas no van a retirar la ley, que tiene un plazo de un mes a partir de ahora para su publicación y entrada en vigor, y pretenden que esta situación, provocada por un “fallo en la indicación del sentido del voto” por parte del secretario general del grupo, José Muñoz, sea solventada por parte de la Mesa y de los Servicios Jurídicos de la Cámara, ya que su portavoz, Mario Jiménez, se mostró convencido de que en el Reglamento del Parlamento existen “elementos y mecanismos” para corregirlo “sin ninguna dificultad”.
Según declaró Jiménez a los periodistas, existen diferencias importantes y posturas “contradictorias” entre el dictamen que en su día emitió la Comisión de Medio Ambiente sobre la Ley de Aguas y las enmiendas del PP-A que se han aprobado y que han quedado incluidas en el dictamen final, por lo que confió en que el PP haga una “propuesta en términos razonables” para alcanzar una solución.
Los populares, por su parte, se declararon “sorprendidos” por el apoyo del PSOE a 29 de las 69 enmiendas que defendió ante el Pleno después de no haberle aceptado ni una sola durante el resto de la tramitación del texto, si bien quisieron dejar claro que la norma, contra la que han votado en contra, “sigue sin ser buena para los intereses de Andalucía y mantiene nuestro no rotundo” porque, en su opinión, “no corrige sus defectos” como “el intervencionismo de la Administración y el aumento de la fiscalidad”.
Entre otros aspectos, la diputada del PP-A Carolina González Vigo destacó que las enmiendas aceptadas permiten “desarticular la bicefalia de la Agencia Andaluza del Agua”; reducen las competencias del Observatorio Andaluz del Agua en favor del Consejo Andaluz del Agua; o van en contra de la intención del Gobierno andaluz de presentar “una planificación hidrológica específica para el Guadalquivir, que sigue siendo del Estado”.
“Si los socialistas tienen problemas con la Ley que se ha aprobado, nosotros estaremos encantados de debatir de nuevo sobre este asunto si presenta una nueva norma en la Cámara”, apuntó.
En cualquier caso, advirtió a los socialistas de que el Parlamento andaluz es la base de la democracia y que hay que respetarlo, de manera que no puede ser una Cámara “a la carta”.
Por su parte, IU ha dirigido un escrito a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, en la que pide aplicar la fórmula que recoge el Reglamento de la Cámara en su artículo 122, que establece la posibilidad de que la Mesa de la Cámara envíe el texto de una Ley aprobada por el Pleno de nuevo a la comisión si se detecta que la incorporación de enmiendas o votos particulares provoca que el texto definitivo sea “incongruente” con el objetivo de que realice una “redacción armónica” que sea sometida de nuevo a votación.
El artículo establece que “dentro de las 48 horas siguientes” a la votación, como consecuencia de un voto particular, enmienda o articulado, “el texto resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos”, la Mesa enviaría el texto a la Comisión para efectuar una “redacción armónica” que se someterá a una única votación ante el Pleno.
El error en la votación de la Ley de Aguas, inédito en los últimos años en el Parlamento andaluz, fue conocido pasados varios minutos de la aprobación de la norma con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP. De hecho, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, se fotografiaron con los agentes económicos y sociales que siguieron el debate en la tribuna al término del debate.
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