Su contenido está basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua y asigna los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.
Entre sus principales novedades incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.
La Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con la idea de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.
La ley implantará un régimen económico-financiero que fija el denominado principio de recuperación de costes, de forma que el precio del agua estará en consonancia con su consumo efectivo y las cantidades recaudadas se reinvertirán en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua, es decir que "fomenta el ahorro y penaliza el despilfarro".
Prevé la constitución del Observatorio Público del Agua, órgano que se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.
Respecto al ciclo integral, reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Junta podrá intervenir subsidiariamente en determinados casos.
Por primera vez, se exigirá a los usuarios la necesidad de obtener autorizaciones para extraer agua de pozos por debajo de los 7.000 metros cúbicos", cuando la masa de agua esté declarada en riesgo de sobreexplotación, lo que pretende evitar que los acuíferos estén en peligro.
Juan José Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente, ha destacado la importancia de la primera ley de Agua de Andalucía, lo que le llevo a sostener que "somos dueños de nuestro destino pero también de nuestra aguas".
Con la ley -según el consejero- está garantizada la protección y conservación de este preciado bien, que se convertirá en el eje del desarrollo de la Andalucía sostenible.
Carolina González Vigo (PP) ha justificado el rechazo de su partido en que "traiciona" el espíritu del pacto andaluz por el agua y en la "negativa" del PSOE a consensuar la mayoría de las enmiendas populares.
Esgrimió que está abocada "al fracaso", es "injusta, intervencionista y recaudatoria", y advirtió de que supondrá una subida en el precio del agua del "40 por ciento en tiempo de crisis", justo -dijo- lo contrario de lo que necesitan los andaluces.
Además, ha acusado a la Junta de cargar sobre los alcaldes la responsabilidad de la subida del precio del agua.
El socialista Fidel Mesa defendió la norma, su "alto" nivel de consenso social y político, y ha achacado la negativa del PP en la vocación de "preservar" las masas de agua que tiene la ley.
"Es necesaria, oportuna y consensuada, y regula las competencias sobre el agua de la Junta y las corporaciones, como dice el Estatuto, y además garantiza la participación social", ha sostenido.
Igualmente, ha destacado el "avance" que supone para la gestión de las entidades supramuniciapales para garantizar la calidad y homogeneizar la prestación de los servicios.
José Antonio Castro (IU), que incorporó más de una decena de enmiendas a la norma, argumentó el respaldo en la idea de que las aportaciones de su grupo garantizan el carácter "ecologista" de la ley, así como la calidad del servicios y el agua tanto de operadores públicos como privados, así como sus posible sanciones en caso de incumplirla.
Otra de las enmiendas aceptadas a IU impide privatizar los servicios públicos de agua más allá de cuatro años.
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