Según explicó a Europa Press el presidente del sector de la Enseñanza de Andalucía del CSI-F, Francisco Hidalgo, esta sentencia es "ejemplarizante" por tanto que concluye que la agresión al docente en el ejercicio de su función pública es "un delito de atentado" y, como tal, condena al estudiante a permanecer en libertada vigilada durante un período de 24 meses y establece una "importante" indemnización económica a la que harán frente los padres del menor.
Los hechos ocurrieron en enero de 2009 cuando, tras terminar el recreo, el profesor invitó a volver a clase a un grupo de alumno que aún quedaba en el patio. Tras las varias negativas de los jóvenes y la insistencia del profesor, "uno de ellos se avalanzó sobre éste y le dio varios puñetazos en el torso y en el hombro, causándole heridas que tardaron unos seis días en curar", indicó Hidalgo.
No obstante, "lo peor", según el responsable de Enseñanza del CSI-F, "no fueron hematomas o contusiones, sino los daños psicológicos", ya que el docente tuvo que causar baja en el centro durante meses porque "no lograba entender el porqué de la agresión".
Tras lo sucedido, la asesoría jurídica de CSI-F en Granada se hizo cargo del caso y fruto de ese proceso jurídico se ha producido la mencionada sentencia que, para Hidalgo, "sienta precedente" en el sentido en que, por una parte, "tiene un factor disuasorio y preventivo de cara a futuras acciones de alumnos que pueden ser potencialmente agresores", y por otra, "ratifica la autoridad del profesorado".
"Es muy importante, y beneficioso a la vez, que jueces y fiscales respalden de esta manera al profesorado porque, con sentencias como ésta, ellos sienten que se hace justicia", apuntó.
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