"Hay que acreditar la autenticidad de los documentos que se aportan", insistió el fiscal, que afirmó que algunos de ellos "han podido ser confeccionados ayer mismo".
Jiménez Villarejo señaló que hay "documentos contradictorios sorprendentes" y preguntó a la Sala por qué parte de los mismos no habían sido presentados anteriormente, a raíz de lo cual solicitó al Tribunal que si no se acredita el valor de estos escritos, "no se deberían tener en cuenta".
Por su parte, el penalista Pedro Apalategui replicó con enfado que toda la documentación es oficial y que no ha sido modificada ni en su despacho ni en el de su defendido.
Entre estos escritos presentados figuran numerosos datos que reflejan que Del Nido tenía poderes para llevar a cabo sus trabajos profesionales y avalan y justifican, según el letrado, la procedencia de las minutas percibidas por el acusado por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
Durante la sesión, gran parte de los abogados defensores protestaron porque el Tribunal resolverá las cuestiones previas en sentencia, y pidieron que se aplacen hasta la semana que viene las declaraciones de los diputados para poder estudiar toda la documentación aportada en Sala, petición que fue aceptada por los magistrados.
Una vez finalizado este trámite de alegaciones dio comienzo la lectura del escrito de acusación por parte del secretario judicial, para lo que el magistrado presidente, Carlos Prieto, aseguró que ha traído "una botella de agua de litro y medio" para el funcionario ante los más de doscientos folios que componen el citado documento.
El próximo lunes los abogados personados en el caso podrán presentar alegaciones sobre las pruebas aportadas tras lo que comenzarán las declaraciones de los procesados.
El primero en hacerlo será Del Nido, seguido del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y el resto de acusados, entre los que se encuentra el ex asesor de urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca y cerca de una decena de ex concejales.
En este procedimiento hay dieciocho personas procesadas, uno de ellos en busca y captura desde mayo de 2009, por los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.
Del Nido se enfrenta a una petición de trece años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.
El fiscal pide que Julián Muñoz sea condenado a dieciséis años y seis meses de prisión y 48 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.
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