Según explicó la directora de Recursos Humanos de Emed Tartessus, Tara Wales, que ha seguido defendiendo la viabilidad de la empresa para poder explotar Minas de Riotinto, la Junta de Andalucía no ha aprobado la transmisión de los derechos mineros para que la compañía pueda comenzar a operar en la zona.
Wales señaló que Emed adquirió en su día las parcelas que acarrean la titularidad civil de los derechos mineros, tal y como se refleja en escritura pública, de forma que estaría reconocida como operadora minera "y por tanto con la capacidad de presentar los planes de labores, obtener la conexión eléctrica o impulsar los procesos de expropiación".
Sin embargo, la Junta de Andalucía tiene que aprobar por vía administrativa la trasmisión de estos derechos a la nueva propiedad, lo que supone "un caso único en España", añadió Wales.
Según la directora, los derechos mineros fueron concedidos a perpetuidad a la Rio Tinto Company en 1873, y "son los mismos que nosotros adquirimos junto con la unidad industrial y que hemos inscrito en el Registro de la Propiedad".
Sin embargo, la Junta mantiene que, según la Ley de Minas, es ella quien tiene que aprobar la trasmisión de los derechos desde los anteriores propietarios.
Wales concretó que la Junta precisa, para la cesión, "prueba de solvencia técnica y económica, y una carta de no oposición del último propietario de los derechos, MRT SA representado por una comisión liquidadora".
Sobre la solvencia de Emed, defendió que cuentan "con las firmas de ingeniería españolas punteras", que están verificando sus planes técnicos.
"Hemos presentado un proyecto casi completo y actualmente preparamos más información por requerimiento de la Administración, que nos está trasmitiendo muy buenas sensaciones sobre lo ya presentado", indicó.
Los activos de Minas de Riotinto también están pendientes de una nueva subasta pública debido a una deuda pendiente con la Seguridad Social que supera los 17 millones de euros. La subasta está pendiente de las últimas tasaciones de los técnicos de la Tesorería y sería la tercera tras el cierre de la actividad minera y un largo contencioso con los trabajadores de MRT y Mantesur, antigua propietaria de los activos.
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