El juez del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, fijó la fianza penal el miércoles pasado, después de tomarle declaración durante más de tres horas, y dictó una segunda fianza de responsabilidad civil por unos 2,5 millones de euros contra la también ex presidenta de Unió Mallorquina (UM).
Este caso es relativo al supuesto desvío de fondos públicos del Consell a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido durante la legislatura pasada, todo ello mediante subvenciones del Consell a productoras audiovisuales afines al partido nacionalista, que hasta el pasado mes gobernaba en coalición con el PSOE y el Bloc.
El abogado de Munar, Gabriel Garcías, anunció ayer que ha recurrido tanto la fianza penal como la civil impuesta a su clienta.
Tras entregar la noche del jueves en los juzgados el aval bancario correspondiente a la fianza penal, Garcías presentó un recurso contra esta decisión en el que alega la inexistencia del riesgo de fuga en el que se fundamenta la petición de la medida cautelar.
En cuanto a la fianza civil, el letrado que defiende a Munar ha impugnado esta decisión con argumentos como que el momento procesal actual no es el oportuno para adoptar esta medida.
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