El calendario del Gobierno andaluz prevé que ambas normas estén aprobadas definitivamente en junio y pidió al PP e IU "altura de miras" para conseguir un consenso que el PSOE intentará en el Parlamento con los grupos y la FAMP en las próximas semanas.
En defensa del proyecto de ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, aseveró que representa el "sentir de todos" los alcaldes y que nace desde la "lealtad" con las aspiraciones colectivas de los ayuntamientos.
Pizarro invocó la responsabilidad de los grupos para aprobar leyes "pioneras que ninguna comunidad tiene" y garantiza la autonomía local y la suficiencia financiera de las corporaciones.
"Los ayuntamientos se merecen la LAULA porque vela por sus intereses", sostuvo el consejero, insistió en que cuentan con el respaldo de la FEMP y la FAMP, que "nunca" la ha rechazado, aunque las ha calificado de "insatisfactorias".
"Será el estatuto de los ayuntamientos, su libro de cabecera porque da respuestas a sus necesidades y mejorará los servicios públicos municipales", afirmó.
Carmen Crespo, diputada del PP-A, atribuyó la futura norma a la "falta" de respeto del PSOE con los ayuntamientos y a su tendencia a "confundir" el partido con las instituciones.
El proyecto de ley, según dijo, "nace cojo y no piensa" en el interés general, a lo que recordó que la FAMP la ha cuestionado porque, tanto esta como la que regula la participación de las corporaciones en los tributos de la comunidad, están "enfermas antes de nacer".
"La Junta está imponiendo una leyes intervencionistas y cicateras que no ahondan ni en la autonomía local ni en la suficiencia financiera", denunció.
La LAULA contempla 29 competencias propias, muchas de las cuales "ya las tiene de hecho" las corporaciones, enfatizó la diputada que avisó de que el PP "no será cómplice" de una ley "maquillaje, aunque ofreció la disposición de su grupo al consenso.
Diego Valderas, portavoz de IU, ofreció consenso, pero a continuación admitió que será "muy difícil" si la Junta "no afloja el bolsillo" e incrementa la competencias al menos hasta el mínimo de lo que demanda la FAMP.
"¿De qué sirven las competencias sin los recursos económicos necesarios?", preguntó Valderas, que acusó a la Junta de "incumplir" los acuerdos del grupo de trabajo que trazó las líneas básicas de estas normas.
También superó el primer trámite parlamentario el proyecto de ley de Participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad que, según la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, aumenta "ostensiblemente" la suficiencia financiera.
El objetivo es aumentar progresivamente hasta los 600 millones en el 2014 los fondos incondicionados de los ayuntamientos, frente a los 200 millones que consignan los presupuestos de la Junta de 2010.
A partir de 2014 los 600 millones evolucionarán en base a los ingresos tributarios de la Junta en concepto de impuestos propios y cedidos. Como variables de gasto se tendrá en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de los municipios, mientras las de capacidad fiscal harán referencia a los ingresos propios.
La oposición coincidió en que esta norma "no resuelve" la asfixia ni la suficiencia financiera de los ayuntamientos y pidió, también sin éxito, su devolución.
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