De este modo, según recoge el Defensor del Pueblo en su informe 'Ordenación del territorio y urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz', hecho público hace escasos meses y consultado por Europa Press, el "aumento de riesgo ante inundaciones" experimentado en aquellos puntos señalados como más sensible por dicho Plan de Prevención a causa del crecimiento urbanístico hace que nos cuestionemos "qué valor hay que darle a esta catalogación, que, además, está desactualizada".
Chamizo reprocha que, a pesar de que hoy en día se cuenta con tecnología más precisa, como la tecnología Lidar, para delimitar las zona inundables con mayor detalle, cuando se formuló esta Plan "ya se pudieron hacer unos análisis rigurosos y serios y elaborar propuestas de medidas para evitarlos".
En este sentido, recrimina que con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de muchos de los municipios de Andalucía "no debió de aprobarse en los términos en que se ha venido contemplando en los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUS)" por suponer "la invasión y desvío de cauces de ríos u ocupación de terrenos inundables".
Por ello, recomendó a la Consejería de Medio Ambiente que efectuará "cuántas rectificaciones se estimen necesarias" en la catalogación de riesgos existentes en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, ante la posibilidad de que las experiencias recientes hayan permitido advertir que "no estén valorados en su totalidad o debidamente los puntos de riesgo que afectan a nuestra Comunidad Autónoma".
No obstante, según informaron a Europa Press fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo, la institución elaborará un nuevo estudio sobre el riesgo de inundaciones en Andalucía y la incidencia que en ésta tiene la planificación urbanística cuando pase el temporal que en estos momentos afecta a la comunidad, ya que éste, según afirmaron dichas fuentes, es un tema que "preocupa especialmente" al organismo.
La crisis, “oportunidad para prevenir riesgos”
Ya el Defensor del Pueblo Andaluz, a raíz de las graves inundaciones provocadas en el municipio granadino de Almuñécar en el año 2007, abrió una queja de oficio a fin de determinar las causas últimas de la catástrofe y las medidas que se pudieran adoptar para evitar la repetición de hechos semejantes a estos en otros municipios de Andalucía en el futuro.
Según recoge el Defensor, en una respuesta otorgada a la institución a raíz de la apertura de dicha queja de oficio, la Agencia Andaluza del Agua explicaba que el fenómeno de Almuñécar "no fue diferente" de otros que concurren en otras zonas o comarcas, ni de "mayor relevancia", por lo que concluía que, si no fuera por la disminución del crecimiento urbanístico debido a causas económicas, la situación "se agravaría".
Y es que este organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente reconoció en su día que son la ordenación territorial y urbanística "los instrumentos esenciales de prevención y corrección de los riesgos derivados de las avenidas e inundaciones de los cascos urbanos, mediante la orientación del crecimiento del casco urbano hacia las zonas con menor riesgo de inundación y estableciendo limitaciones de uso de las zonas más sensibles".
Así, consideró que, por ello justamente, la crisis económica "era lo que podía dar un respiro a las Administraciones Públicas para planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".
Sin embargo, la institución que dirige José Chamizo rechazó esta posición de la Administración ambiental, ya que, a su juicio, la situación creada por la construcción de inmuebles en zonas de inundación, riesgo o, incluso, a veces, ocupando cauces públicos, "no es una realidad impuesta por la coyuntura económica, sino que se habría propiciado por un crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, fruto, en gran medida, de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de las Administraciones".
Por otro lado, Chamizo resaltó el papel que juegan los Planes Hidrológicos de Cuenca en esta materia, los cuales comprenden, entre otras cuestiones, los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.
Por todo ello, el Defensor recomendó en su día a la Administración que mostrara mayor celo a la hora de elaborar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y preservar de la urbanización aquellos terrenos colindantes con el dominio público natural, en especial aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales.
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