Así un obrero, F. S. R. y de 59 años, fallecía a las once de la mañana mientras trabajaba en las obras de un polígono industrial en Marchena (Sevilla), al caerle encima una plancha de cemento, por causas que se desconocen.
Dos horas después el consejero de Empleo, Antonio Fernández, presentaba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, un documento que da continuidad a los planes de prevención que su Consejería ha ido elaborando desde 2004 y que ahora establecen planes bienales, flexibles y adaptables a las necesidades de los sectores predominantes en cada territorio.
Según Fernández, el objetivo de esta Estrategia, diseñada para los próximos cuatro años y en la que se invertirán 130,1 millones de euros, es “conseguir la siniestralidad mortal cero y todo lo que esté por encima de cero supondrá un motivo de movilización”, reconociendo la insatisfacción que produce que, a pesar de los avances conseguidos y la concienciación social, se repitan los accidentes laborales.
A pesar de todo, el consejero apuntó que los dos grandes objetivos serán, por un lado, sostener la reducción de la siniestralidad de los últimos años -la tendencia es de un descenso de entre el 10 y el 12%- y mejorar las condiciones de salud laboral, intensificando la detección de enfermedades profesionales e incluyendo un apartado específico para las trabajadoras embarazadas.
Según Fernández, se ampliarán y desarrollarán las acciones llevadas a cabo entre 2004 y 2009, cuando se redujo en un 30,68% el número total de accidentes, en un 43% la mortalidad y en 33,38% en la tasa de incidencia (que relaciona la cifra de siniestros con la de trabajadores dados de alta).
En este periodo el número de accidentes en el trabajo pasó de 150.619 a 104.401, mientras los mortales bajaron de 150 a 85. Por sectores, la mayor reducción se dio en la construcción (-55,89%), seguido de la industria (-36,10%), la agricultura (-17,61%) y los servicios (-10,31%).
Los planes bianuales incluirán un programa de actuación sobre empresas con mayor incidencia de las enfermedades profesionales y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales.
Además, se creará un laboratorio-observatorio de condiciones de trabajo desde la perspectiva de género (que asumirá entre sus funciones el estudio de los riesgos para embarazadas) y el desarrollo de trabajos de investigación de la accidentalidad laboral a escala local, donde es “más difícil” el control.
Otra línea de actuación se dirigirá a hacer frente al “repunte” de siniestros relacionados con tractores, mediante acciones formativas y de vigilancia y control.
Contempla, además, ayudar a las empresas a mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos, fundamentalmente a través de incentivos económicos, acciones de asesoramiento directo (sobre todo en los ámbitos de las pymes y los autónomos),
Junto con ello, se incluyen acciones para fortalecer la implicación de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, y nuevos baremos para primar las prácticas preventivas de las empresas en el acceso a la contratación pública.
También se aprobó ayer un decreto para reforzar la figura de los delegados de prevención e impulsar los censos provinciales y registros de delegados, creando una tarjeta identificativa para estos representantes, puesto que tendrán la potestad de proponer la paralización de la actividad o incluso el cierre de la empresa.
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