La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó hoy a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado "desde el más alto nivel".
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
"Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración", subrayó ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU.
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.
"Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas", subrayó Valiñas.
La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia "forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores".
Este plan fue orquestado "desde el más alto nivel político", subrayó Valiñas.
La experta no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe sí apunta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y también cita al vicepresidente primero del partido oficialista PSUV Diosdado Cabello, por su importante influencia por lo menos en el Sebin.
El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
"Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas", aseguró Valiñas.
Según la misión de la ONU, que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapattá, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente, bajo "un clima de total impunidad".
Valiñas denunció hoy que en el mismo día de publicación del informe, el pasado 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.
Además de este informe, la misión presentó hoy otro sobre violaciones de los derechos humanos en el sur de Venezuela, en particular en el estado de Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco en respuesta a la crisis en la industria petrolera nacional.
Ello ha ido acompañado de una militarización de la región, con las fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la explotación del oro.
"Grupos armados criminales, incluyendo los llamados sindicatos, operan abiertamente controlando zonas mineras e incluso poblaciones", señaló Valiñas.
Actores estatales y no estatales, a menudo enfrentados entre sí, han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género, destaca este segundo informe.
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