La Junta de Andalucía cumplirá el decreto ley de ahorro energético que entra en vigor esta medianoche, pero tiene dudas sobre si invade competencias autonómicas, por lo que se da tres meses para que los servicios jurídicos lo estudien y decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, preguntado por si la Junta va a seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ha dicho que agotarán "todas las vías", que seguirán impulsando medidas de ahorro energético y que esperarán al informe del gabinete jurídico para un posible recurso.
Por su parte, el consejero de Políticas para la Industria y Energías, Jorge Paradela, ha señalado que cumplirán la ley y que la Junta es "responsable" en la búsqueda del ahorro energético, pero ha insistido en criticar la "falta de diálogo" del Gobierno central antes de aprobar el decreto.
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