Las corporaciones municipales de Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Congosto de Valdavia (Palencia), Villar del Pozo (Ciudad Real) y Albalá (Cáceres) han sido los últimos en concurrir a la convocatoria del Ministerio de Industria, como hicieron días pasados los ayuntamientos de Yebra (Guadalajara), Ascó (Tarragona), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia).
Una vez concluido el plazo del ATC, habrá una evaluación técnica iniciada por el Ministerio de Industria y, entonces, se tomará una decisión por parte del Gobierno, teniendo en cuenta las mejores condiciones para ubicarlo, razones de seguridad y el “nivel de consenso”, según dijo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
“Es un debate que debemos afrontar con la mayor serenidad intelectual y abordarlo desde las razones y desde que se trata de una alternativa viable, buena. Para el lugar donde se instale va a crear adicionalmente posibilidades de reactivación económica y dinamización de la economía”, indicó De la Vega.
Se trata de una “opción segura”, reiteró, que está “avalada” por expertos, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la experiencia de algunos países europeos.
En relación con los pueblos de Castilla y León que han solicitado el almacén, el presidente de la región, Juan Vicente Herrera, condicionó ayer su posible apoyo a que el Gobierno central revise el cierre de la central de Garoña, en declaraciones a RNE.
Posteriormente, en una rueda de prensa, mostró comprensión y respeto por la autonomía municipal. Añadió que, “a priori”, ni acepta ni rechaza el ATC porque no lo conoce, y ha advertido de que la solución le corresponde a la administración central porque “no se puede rifar”.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, exigió al Ejecutivo central que cumpla con su “responsabilidad” y “tome las decisiones” sobre la ubicación del almacén de residuos nucleares, además de atribuir a su “falta de decisión” que se creen “conflictos territoriales”.
Desde Cataluña, el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, quiso hacer ayer “autocrítica” por su oposición inicial a ubicar el futuro silo nuclear en Ascó y reconoció que lo “normal” es que estos residuos “se almacenen cerca de las centrales”.
“Políticamente –reconoció– no iremos bien hasta que los dirigentes no seamos capaces de afrontar decisiones necesarias aunque puedan resultar impopulares y costosas electoralmente”.
Contrastan estas opiniones con las de los presidentes de Cataluña, José Montilla, y de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la presidenta del PP en esta región, María Dolores de Cospedal, que se manifestaron frontalmente contrarios a que el ATC se instale en el territorio de sus comunidades.
Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán el próximo lunes un pleno extraordinario para debatir este asunto.
También el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV reclamó al Gobierno que paralice el proceso de selección del municipio donde se ubicaría, que se garantice el consenso social, ambiental y territorial para ello y que se concierte el emplazamiento con las CCAA.
Los movimientos ecologistas exigieron al Gobierno que los residuos se queden en las centrales y que éstas, además, se cierren.
El director de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, aseguró que albergar “miles de residuos de todas las nucleares de España será más peligroso y más radiactivo que Chernobil”.
En medio del debate sobre la ubicación del ATC, los municipios cordobeses de influencia directa del Almacén Centralizado de Residuos de Baja y Media Actividad de El Cabril (Córdoba), el único de España de estas características, pidieron ayer más información, dinero y que se invierta con criterios de rentabilidad y no de oportunismo político.
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