Sin embargo, según destaca el informe, Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.
Así, la Administración General del Estado (AGE) aportó para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportaron 585,1 millones (16,8%) y la comunidades, un total de 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado.
Pero entre todas ellas, el estudio destaca el papel de Canarias en el sistema de financiación de la norma, puesto que recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (16.863 millones), conforme el estudio.
Algo similar ocurre con Murcia, que percibe de la AGE 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.
Por otro lado, el documento refleja que otras CCAA, pueden verse perjudicadas por aportar sensiblemente más que la propia AGE para el sostenimiento del sistema, como Cantabria, Castilla y León y La Rioja.
Un caso aparte es la Comunidad de Madrid, que, si bien también supera a la aportación del Estado, sus dependientes son también los que más contribuyen a cofinanciar los servicios que perciben, concretamente el 24 por ciento -7,2 puntos por encima de la media nacional-, demás de estar a la cola en cuanto al número de beneficiarios atendidos.
DISPARIDAD DE DATOS ENTRE CC.AA.
En términos globales, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales llama la atención sobre la "disparidad" de los datos entre territorios, asegurando que los mensajes sobre si el Estado aporta más o menos que las comunidades "pierden todo el sentido habida cuenta de las enormes desviaciones sobre la media que se producen en el sistema".
El coste medio por persona dependiente en España se situaría, según los datos de este estudio, en 9.250 euros. Si la media del 'copago' al año (lo que aportan los usuarios) es de 1.650 euros los 7.600 restantes se tendrían que repartir entre la AGE y las comunidades autónomas, es decir, en torno a 3.800 euros cada una.
Por tanto, resultarían "perjudicadas" las comunidades de Madrid, Castilla y León, Valencia, La Rioja y Cantabria, aunque los responsables del estudio advierten de que hay que poner estos datos en relación a la población total de cada comunidad para determinar la cobertura que están teniendo las personas dependientes en estos territorios.
Cabe destacar que si el global anual del sostenimiento del sistema de atención a la dependencia para 2009 es aproximadamente de 3.900 millones de euros, la atención residencial consumiría el 45 por ciento de las aportaciones públicas y de 'copago', aunque numéricamente afecte tan solo al 21,4 por ciento de las personas dependientes reconocidas y atendidas.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
