La Comisión de Igualdad del Congreso debate este miércoles el dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual sin que el PSOE y los grupos aliados del Gobierno hayan acercado posturas ante la prostitución, lo que hace temer al Ministerio de Igualdad que la norma esté en riesgo.
El PSOE quiere caminar hacia la abolición de la prostitución y varios de sus socios rechazan ponerle límites.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, mostró ayer tarde su temor a que haya un pacto entre socialistas y populares en ese asunto que pueda poner en peligro el conjunto de la conocida como ley del solo sí es sí.
Y volvió a ofrecer al PSOE aplazar a una futura ley contra la trata o a otra ley específica los artículos sobre el proxenetismo que se incluyeron en el proyecto.
En ellos se planteó penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa).
El PSOE, que considera que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres, quiere ir más allá y en sus enmiendas pide que se castigue a todo aquel que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación.
Pero fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP apuestan por suprimir los artículos controvertidos, al poner el énfasis en la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.
El PP, que rechazó la ley en su conjunto cuando pasó por el pleno, mantiene vivas sus principales propuestas y aún no ha decidido su voto en el debate sobre la prostitución, apuntan a Efe fuentes de este grupo.
El informe redactado por la ponencia que se debate hoy en la Comisión, al que ha tenido acceso Efe, mantiene los ejes del proyecto: eliminar en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas.
Entre las enmiendas que se han introducido en el texto tras meses de negociaciones, destaca una para reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.
También se ha reconocido el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o ex parejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se ha blindado la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.
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