El sindicato CCOO Andalucía ha denunciado este martes el despido de trabajadores en los Centros de Internamiento de Menores Infractores gestionados por empresas privadas, pese a que la Consejería de Justicia ha renovado los contratos con estas, por lo que le ha exigido que actúe.
Los centros de internamiento de menores infractores son establecimientos especializados para la ejecución de medidas privativas de libertad y medidas cautelares de internamiento impuestas por los juzgados de menores de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor.
Andalucía dispone de 15 centros con un total de 766 plazas en régimen de internamiento y 45 recursos para el cumplimiento de medidas en régimen abierto, según consta en la Memoria Anual de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.
La organización sindical ha denunciado que se han puesto "sobre la mesa" diecisiete despidos, sobre todo de educadores, y que no se cubren las sustituciones por vacaciones, lo que provoca una sobrecarga en los profesionales que hace que baje la calidad del servicio.
En conferencia de prensa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, ha tildado de "inconcebible" y "escandaloso" que la Junta tenga un servicio de estas características "privatizado" y que las empresas beneficiarias se permita despedir a trabajadores tras la renovación de los contratos de gestión con las citadas consejerías.
En concreto, según el sindicato, la Consejería de Justicia ha renovado los contratos para el periodo 2022-2025 a cuatro empresas privadas por un importe inicial superior a los 250 millones de euros.
Así la Fundación Diagrama habría obtenido la gestión de ocho centros en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada por un montante económico total de 116.888.772 euros, cantidad que incluye los costes de personal y de atención a los usuarios, así como gastos ordinarios, seguros y gastos de estructura, entre otros.
En ese mismo contrato, según CCOO, se recoge que la entidad obtendrá un beneficio neto de 5.844.438 euros por la prestación del servicio.
Por su parte, la Asociación Afanas ha obtenido la gestión de un centro en Cádiz por valor de 25.761.813 euros, con un beneficio neto de 1.288.090 euros, mientras que la Asociación Ginso ha conseguido la gestión de dos centros, uno en Algeciras (Cádiz) y otro en Oria (Almería) por 70.343.437,63 con un beneficio de 3.517.171 euros por la prestación del servicio.
Finalmente, la Asociación Adis Meridianos ha renovado la gestión de dos centros, uno en Córdoba, y, otro en Almería por valor de 35.108.341,35 euros y un beneficio para la entidad de 1.755.417 euros.
"Resulta el colmo de la mercantilización y del uso alegal de dinero público que estas empresas, a pesar de obtener beneficios, se permitan despedir a trabajadores porque su voracidad económica y sus intereses empresariales así lo requieren", ha lamentado Vega, que ha insistido en que las cuatro entidades adjudicatarias de los servicios han promovido o están promoviendo despidos.
Ha detallado, en este sentido, que Afanas y Ginso han planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), mientras que Adis Meridianos y Diagrama están promoviendo despidos "puntuales".
Vega ha recordado que la Junta de Andalucía es "la responsable última del servicio y garante del correcto uso del dinero público", por lo que corresponde a la Consejería de Justicia "conminar a estas empresas a dar marcha atrás en sus decisiones".
"Frente a los bulos, las noticias falsas y el ruido estratégico del poder económico, los andaluces deben y necesitan conocer la realidad y la verdad de lo que ocurre con su dinero", ha remachado, tras lo que ha acusado a la Junta de hacer "dejación de sus funciones" al permitir situaciones como ésta.
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