En la misiva, a la que tuvo acceso Efe, la compañía especifica que la propuesta responde al cumplimiento de la hoja de ruta y fue adoptado en la sesión que el Consejo de Administración celebró el pasado sábado.
Asimismo, se indica que en dicha sesión se designó a López Tarruella como apoderado de Astilleros de Huelva, y en su momento candidato a ser nombrado Administrador único si desde IDEA se le da "su conformidad expresa y por escrito de forma fehaciente".
El presidente del Consejo, además, le pide al nuevo director de IDEA, Antonio Valderde, que dentro del plazo establecido en la hoja de ruta remita a Astilleros de Huelva la identificación a la persona a la que propone como candidato al cargo de apoderado de la empresa.
También se informa de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria en la que se proponga la modificación de los Estatutos Sociales y en especial el cargo de órgano de administración que pasará a ser el administrador único.
La Junta General está prevista que se celebre el próximo 11 de febrero a las 18:00 horas en la sede de Astilleros.
Por su parte, fuentes de IDEA indicaron a Europa Press que toda vez que en el mediodía de ayer la Junta recibió dicha comunicación, los servicios jurídicos la analizarán desde la perspectiva jurídica y técnica para responder "con la misma celeridad que en anteriores ocasiones", para dar una respuesta a la empresa en ese sentido.
De esta forma, tras recordar que, en el caso de Huelva, la cesión de derechos la realiza la empresa a un apoderado que deberá ser designado por la junta de accionistas de los astilleros onubenses, con el visto bueno de IDEA, las fuentes explicaron que en el caso de Sevilla, la cesión de derechos políticos la empresa deberá efectuarla también a un apoderado que actúe como administrador único, propuesto por los nuevos inversores, todo el proceso con el visto bueno del Gobierno andaluz.
"Será ese administrador único quien reciba la cesión de derechos políticos, no la Junta, que se limita a pilotar y dar el visto bueno al proceso", aseveraron las fuentes.
Por ello, la Junta deberá analizar tanto la figura del apoderado propuesta por los Astilleros de Huelva como estudiar con los nuevos inversores para Astilleros de Sevilla qué apoderado pretenden nombrar para que sea elegido administrador único de astilleros.
Mientras, la plantilla de Astilleros de Huelva, que ayer alcanzó los catorce días de encierro -que no piensan abandonar-, esperan una respuesta "clara y oficial" por parte de la empresa Astilleros de Huelva sobre su sintonía con la hoja de ruta de la Junta y su voluntad de acometerla.
Según confirmó a Efe el presidente del comité de empresa de Astilleros de Huelva, Isidro García, los trabajadores aún no han recibido comunicación oficial de que los accionistas menores de la empresa hayan firmado la hoja de ruta, tal y como se anunció el pasado fin de semana.
Además, informó que el encierro se complementará con movilizaciones diarias por distintos puntos de la ciudad y ante distintas administraciones y entidades.
En este sentido, ayer unos 200 trabajadores se han manifestado hasta las puertas de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para pedirle su intermediación en un conflicto laboral que se prolonga durante casi cuatro meses y que se está viendo acrecentado por el impago de las nóminas.
Soler insiste en la cesión de los derechos políticos
Por su parte, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, instó ayer a los accionistas propietarios del Astillero de Huelva a que cedan sus derechos políticos "al nuevo administrador único, nombrado de común acuerdo entre la empresa y la Junta, que normalice el cobro de salarios de los trabajadores".
Martín Soler aclaró que el Gobierno andaluz "no toma participación industrial" y que "estamos en el camino adecuado para que se mantenga la actividad" y espera que en los próximos días se concrete esa cesión de derechos políticos para nombrar un administrador único que permita salvar este astillero.
De este modo, Soler llamó a la "responsabilidad" a la propiedad y agradeció a los sindicatos "su actitud de responsabilidad y su compromiso en defensa del empleo".
El consejero recordó que tanto éste como el de Sevilla "son propiedad del mismo accionista" y ambos astilleros tienen una deuda acumulada de 300 millones de euros "y hay riesgo de cierre por ruina por una gestión inadecuada y el interés público del Gobierno es salvar los 2.000 puestos de trabajo y mantener la actividad industrial".
Martín Soler apuntó que estos astilleros "son privados y necesitamos el acuerdo de los accionistas y el propietario" para agilizar el nombramiento de un administrador único que salve a la empresa y se refirió al del Sevilla, cuyo conflicto "está desbloqueado y hay acuerdo en seguir avanzando", después de que haya aparecido una nueva compañía "con nuevos accionistas con un plan empresarial para darle salida".
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