La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha suscrito este viernes un convenio con Diputación de Sevilla y los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y La Rinconada, municipios de más de 20.000 habitantes, que se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Gobierno para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta.
Sánchez Rubio ha detallado que este acuerdo permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, y ha reconocido "el importante desarrollo que está teniendo el sistema de dependencia en nuestra comunidad gracias al papel de las corporaciones locales, ya que son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios, de ahí que reforcemos la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales".
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha insistido en que, con estas medidas, "se pretende contrarrestar los recortes del Gobierno central en los últimos años, que se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012". Además, ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estados suponen "de nuevo, una dejadez del Sistema de Dependencia, a los que se suman otros 17 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que permitiría atender a 105.000 personas más en Andalucía".
En este sentido, la consejera ha indicado que "si tuvieran los 625 millones en recortes se podría incorporar a 105.000 personas al sistema mañana mismo", una situación que "para nosotros sería de justicia". De este modo, apunta "a la comisión a nivel estatal, que fue demandada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la Conferencia de Presidentes, donde reclamó que se estudiara y se valorara la financiación de la Ley de Depedencia para hacerla sostenible". "Esta comisión está avanzando y esperamos que antes de vacaciones finalice y se puede poner encima de la mesa la necesidad de financiación".
La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017, (alrededor de 47.000 en la provincia de Sevilla).
La consejera ha informado que desde la puesta en marcha de este Plan, se han incorporado al sistema 11.024 personas (3.771 en la provincia de Sevilla) con un total de 14.358 prestaciones (4.559 en Sevilla).
A fecha de 31 de mayo, Andalucía cuenta con 186.300 personas en situación de dependencia (37.518 en la provincia de Sevilla) que se benefician de 238.800 prestaciones (36.764 en la provincia de 48.399).
CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
La consejera ha subrayado también que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168 en Andalucía, 32 en la provincia de Sevilla) como por las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia. "Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida", ha destacado Sánchez Rubio.
Este acuerdo establece que los servicios que pondrán en marcha las corporaciones locales se prestarán mediante la realización de programas y actividades grupales de carácter preventivo y actividades ocupacionales, orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, potenciar el desarrollo personal y la integración social, fomentando y desarrollando las capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales.
La norma plantea que las corporaciones locales garantizarán el acceso a las actividades grupales que se programen a las personas que tengan prescritos los servicios en su Programa Individual de Atención. Estas actividades se deben diseñar y realizar atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, sobre todo en lo relativo a la organización de espacios, horarios y contenido de las actividades programadas, así como atendiendo específicamente las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
La financiación de dichas actividades correrá a cargo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, quien consignará anualmente en sus presupuestos el crédito adecuado y suficiente para la financiación de los servicios.
"EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS DE LA DIPUTACIÓN SON LAS PERSONAS"
Por su parte, tras la firma del acuerdo, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha resaltado que "el centro de las políticas que desarrolla la Diputación son las personas, como lo demostramos con inversiones para mejorar las infraestructuras de los pueblos, el acercamiento de la fibra óptica a todos los rincones de la provincia, la inyección de liquidez a los consistorios para que sigan siempre prestando servicios de calidad y cómo no, el firme refuerzo de las políticas sociales, como ahora hacemos'.
"Tan en firme como el convenio que estamos firmando ahora, que nos va a convertir en la primera Diputación andaluza que firma este convenio, algo que dice mucho de la apuesta clara y decidida de la entidad provincial sevillana desde su vocación de servicio', ha enfatizado Villalobos.
Al respecto, el regidor provincial ha aclarado que la corporación intermunicipal sevillana está "plenamente implicada en la prestación del Servicio Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia en los 88 municipios menores de 20.000 habitantes de nuestro territorio, que es adonde viene a sumar este convenio de hoy porque, desde ahora, en esas localidades, la prevención de la dependencia va a tener considerables avances".
Villalobos cree que "cuando se trata de los vecinos y vecinas de aquí y de allá, la mejor forma de hacerlo es a través de los servicios sociales de cada Ayuntamiento, y eso lo sabe bien la Junta, por lo que cuenta cada vez más con nosotros para que, al final, estas políticas lleguen directamente a las personas".
Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha calificado este convenio de "magnífica noticia" ya que "es un convenio importante para los ayuntamientos". "Queremos agradecer en nombre de todos el enorme esfuerzo de la Junta por mantener ese criterio social de ayuda a las personas más vulnerables, sabiendo que ese esfuerzo se está haciendo en solitario", al tiempo que destaca que "este apoyo de la Consejería supondrá un paso de gigante hacia delante para ayudar a quienes tanto lo necesitan".
De este modo, afirma que "es importantísimo seguir adelante con esto", ya que "dar este servicio de atención a personas con grado I nos permite atenderlas en primera instancia y que esa dependencia no siga avanzando y no sea tarde cuando lleguemos a atenderla".
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