La juez María Núñez ha citado como testigos a tres antiguos trabajadores de las empresas del "conseguidor" Juan Lanzas dentro de la causa de Mercasevilla que afecta al diputado socialista andaluz Carmelo Gómez por el posible cobro de 8.400 euros a través de contratos simulados.
Tras la petición de la Fiscalía, la juez de instrucción 6 de Sevilla ha citado el 6 de marzo a los testigos, unas declaraciones que ha acordado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le devolviera, el mes pasado, la causa para que concretara los hechos por los que imputaba a Gómez.
En noviembre pasado, la juez envió al TSJA una exposición razonada por la posible implicación de Gómez en el cobro de 8.390,55 euros en 2007 de Mercasevilla con un contrato que podría ser simulado.
Sin embargo, la sala Civil y Penal del TSJA le contestó que, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, necesitaban conocer las posibles conductas delictivas del diputado, y por tanto aforado, antes de decidir sobre la apertura o rechazo de la investigación penal contra él.
En la exposición razonada, la juez dijo que existían "indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado, quien, junto a otras seis personas más, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La juez afirmó que el contrato del parlamentario y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, que le hizo una empresa de Lanzas, pudo ser simulado y no respondía a actividad laboral real alguna.
Añadió la instructora que el dinero que cobró fue abonado con fondos procedentes de Mercasevilla "mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".
En la exposición razonada, la juez incluyó al exconcejal de Sevilla José Antonio García (PSOE), al exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, a Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra; a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al gestor José Rodríguez López.
Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions SL durante 133 días de 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto, precisó la juez.
En ese periodo cobró 4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros por rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, según la juez, que continúa una investigación iniciada por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.
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