El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este viernes que la citación a declarar como investigado el próximo día 10 de mayo del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, "no tiene que añadir ni que quitar", pues "es la cualidad que tiene para que pueda personarse con todos sus derechos y sus garantías de defensa".
Cabe recordar que el Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado a Ramírez de Arellano tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).
En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de impartir una conferencia sobre las luces y las sombras de la comunicación judicial dentro de unas jornadas sobre Información y Justicia, y cuestionado por si el hecho de llamarlo a declarar como investigado supone que existan indicios contra el consejero, Lorenzo del Río ha subrayado que el TSJA lo ha citado a declarar en calidad de investigado "porque legalmente es así".
"Desde que a una persona se le cita en unas diligencias penales, es la cualidad que tiene para que pueda personarse con todos sus derechos y sus garantías de defensa", ha apostillado, añadiendo que, en este caso, el TSJA "está ahora en la línea que le corresponde", ya que "tenemos una querella y tenemos que hacer una mínima investigación, y eso supone que declare" tanto el consejero como varias personas más al día siguiente.
Una vez se tomen estas declaraciones, el instructor "valorará si hay méritos para seguir o no y por tanto para dictar la resolución que proceda", ha advertido Lorenzo del Río.
La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado el próximo día 10 de mayo, a las 10,30 horas, al consejero de Economía y Conocimiento, que goza de aforamiento, todo ello después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
La citación se produce después de que, el pasado día 12 de abril, el Alto Tribunal andaluz dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz a su vez de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla.
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