La comisión de investigación del Ayuntamiento de Sevilla sobre los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, investigada por un presunto reparto de dádivas por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, arranca este miércoles.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, en esta primera jornada de constitución, se prevé que se establezcan los criterios que marcarán el desarrollo y funcionamiento de esta comisión, además de abordar los plazos para las peticiones de documentación de los distintos grupos.
En este marco, cabe recordar que el presidente de la comisión será el concejal delegado de Empleo y Bienestar Social, el socialista Juan Manuel Flores, que estará acompañado del secretario general municipal o de la persona en la que se delegue esa labor.
Además, teniendo en cuenta las propuestas de los grupos, la comisión quedará integrada por el propio Flores como representante del PSOE, por el concejal del PP Gregorio Serrano, el edil de C's Francisco Javier Moyano, el concejal de Participa Sevilla Julián Moreno, y el portavoz de IU, Daniel González Rojas. Como suplentes estarán el responsable municipal de Hacienda, Joaquín Castillo; el 'popular' Francisco Pérez y la portavoz de Participa, Susana Serrano.
La puesta en marcha de esta comisión de investigación fue aprobada por el Pleno el día 25 de septiembre y por unanimidad tras la presentación de una moción en este sentido por parte de C's, quien instaba a analizar las adjudicaciones contractuales del Consistorio, a través de todas sus áreas y organismos municipales y tanto de los pasados gobiernos como del actual, con la sociedad Fitonovo, cuya actividad investiga actualmente la Audiencia Nacional.
EL CASO
En este marco, Fitonovo se encontraría en el eje de la investigación articulada con la operación 'Madeja', ante la que el juez investiga a la red acusada de pagar 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en catorce administraciones, entre ellas el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Sevilla.
En este marco, hay 96 imputados, entre los que se encuentran el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el entonces concejal de IU-CA José Manuel García; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.
Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".
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