Para hacerse una idea de dónde viene la figura del Defensor del Pueblo, en cada región española con su nombre que se ha mantenido o no a través de las distintas épocas pero que ha mantenido su misión, la precursora de la Institución que ahora se convierte en muchos casos en el último cartucho del ciudadano ante el engranaje de la Administración consiguió, allá por el siglo de XVI, que el Duque de Medina Sidonia se desprendiera de parte de sus tierras para cederlas a Vejer.
Son las famosas Hazas de la Suerte que cada año se sortean para ser explotadas por los vecinos. Que ahora parecería normal que una persona investida de poderes en nombre del pueblo le ganara la partida a un nombre. Pero en aquellos tiempos y con el todopoderoso Duque de Medina Sidonia, da que pensar en lo que significa la y ha significado en la Historia la figura del Defensor del Pueblo.
En el caso del Defensor del Pueblo Andaluz, encarnado por Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, este último apellido compuesto legado por su madre, isleña para más señas, aunque él naciera y se criara en Medina porque allí era maestra su madre.
Por que el Defensor del Pueblo Andaluz no es una persona. Es una Institución encarnada por alguien que es elegido por los tres quintos del Parlamento, en este caso por unanimidad, sin pasado de militancia en partido alguno y ahora, siendo ya Defensor del Pueblo Andaluz, sin oportunidad de ser de nada ni de nadie.
Ahí es donde Jesús Maeztu matizaba sus palabras cuando diferenciaba entre independencia y imparcialidad. Es difícil ser independiente de todo y lo es también ser imparcial. “Yo no puedo ser del Betis en Sevilla”, ponía como ejemplo, aunque al hacer esa distinción entre independencia e imparcialidad, admitió que era del Cádiz CF, que hizo sus pinitos en el Balón, que no era malo como futbolista pero que siguió otros derroteros.
Eso es algo que se le puede permitir al Defensor del Pueblo, pero no que sea parcial ante una cuestión que le presenta un ciudadano, una entidad, un partido… cualquiera con los derechos constitucionales en plena vigencia. Y ser imparcial significa también quitarle la razón al reclamante si no la tiene, porque ponerlo en el camino del estricto cumplimiento de la Ley y de las ordenanzas en las que se basa la vida cotidiana también es defender al ciudadano. Aunque al ciudadano no le guste que no le den la razón.
Al fin y al cabo, explicaba, qué le queda al ciudadano de a pie ante una Administración tan complicada que una figura institucional cuyo presupuesto es mínimo, cinco millones de euros anuales para funcionar en toda Andalucía, para atender a una población de nueve millones de habitantes, igual que Portugal.
La austeridad y la eficiencia son los principios que mueven al Defensor del Pueblo Andaluz como institución, que ahora sale a la calle a tomar contacto con la gente, que recorre los pueblos y ciudades para que el ciudadano presente sus casos desde su misma casa y que desde el Defensor del Pueblo, quien lo encarna, hasta el último de los trabajadores de la oficina, mantengan el mismo estilo de trabajo, la misma filosofía, la misma entrega y la misma pulcra praxis para resolver lo que devenga de cada demanda.
Lo que puede resultar paradójico es que un servicio que cuesta tan poco para tantos habitantes, que económicamente tiene “un techo de cristal”, tenga tanto peso hasta el punto de que muchas Comunidades Autónomas quieran suprimirlo o lo han hecho ya, evitando tener que dar cuenta a un ente tan imparcial como inviolable.
Jesús Maeztu es categórico al aclarar que es “necesario mientras que la relación ciudadanía-Administración y poderes público no está engrasada. Sin el Defensor del Pueblo quedaría cojo el papel de la ciudadanía. En una maraña tan grande y complicada de la Administración, ¿cómo accede un ciudadano al poder público? A través de cargos intermedios que hacen llegar el problema al poder público”. Si lo logra.
Sin embargo, la diferencia entre lo que comúnmente se denomina burocracia y el Defensor del pueblo es que éste último se enfrenta cara a cara con el ciudadano y el ciudadano con el Defensor. Obviamente no cara a cara con Jesús Maeztu, pero sí con una persona de su oficina que sigue una misma pautas comunes para atender a la ciudadanía.
“La Oficina del Defensor del Pueblo es un termómetro de la necesidad de la gente. Un escrito a la Administración no reproduce pasión, ni reproduce estado del ciudadano ante su problema. Pero si usted y yo hablamos y estamos interactuando juntos y yo le veo los ojos, percibo el dolor que tiene, la necesidad que tiene. Eso no lo hace un papel”.
Jesús Maeztu, además, pasa por la oficina cuanto más mejor porque “no quiero ser un Defensor online” y sostiene que mientras la ciudadanía no tenga “armas propias” para defenderse, el Defensor es “imprescindible para que el ciudadano lo utilice frente a una estructura muy compleja. “Frente a la eléctrica Endesa, quién va a defender a esta persona? ¿Cómo va a ir usted a un banco a quitar una dación en pago o a que le dé un alquiler social? No le van a atender”.
Lo que hace el Defensor del Pueblo es una mediación con el poder público, pero lo que está intentando poner en marcha es también un aprendizaje del ciudadano para presentar sus exigencias a la Administración porque “la ciudadanía también tiene que aprender a dialogar con el poder público y es un derecho que tiene frente al poder público”.
Pero al fin y al cabo a usted lo nombra la Administración.
—Yo no me identifico con la Administración ni me elige la Administración. Lo ideal sería y así era en el caso de los defensores que ha habido en la historia, que me eligieran los vecinos pero ahora lo eligen los diputados que han sido elegidos por el pueblo. Es una extracción vecinal y aquí es de segundo grado. En mi caso me han elegido todos los partidos políticos que hay en la Cámara. O sea, que primero, no me ha nombrado la Administración; no me paga la Administración porque yo soy el que superviso a la Administración y el que supervisa a la Administración no lo puede pagar la propia Administración; estoy en el ámbito parlamentario con una mayoría que me permite ser imparcial y no deber el nombramiento a ningún partido.
La gente ve que al Poder Judicial lo nombra el Gobierno; en España los diputados se deben a la disciplina de partido y el PSOE a un defensor del pueblo no lo nombran.
—Si son tres quintos de la Cámara, tiene que haber consenso. Por eso digo que lo ideal sería una elección directa. A lo mejor caminamos un día por la elección directa, pero eso habrá que arbitrarlo bien para ver cómo se hace una elección directa. Pero ahora esos tres quintos es el mal menor, porque no puede nombrar un partido que tenga mayoría absoluta. Y además inamovible, goza de inmunidad. Yo he renunciado ya al aforamiento. Cuando venga la ley nueva yo no voy a ser aforado y voy a ser para todos los casos una persona como usted o como cualquiera. Pero en el cargo gozamos de inmunidad para garantizar la independencia. Nadie puede dirigirse a mí a ordenarme algo, mucho menos de la Administración y tengo una herramienta que es supervisar y controlar el ejercicio de esta Administración. Creo que el diseño en España ha quedado bastante bien.
Lo que a nosotros nos llegan son resoluciones del Defensor del Pueblo a favor de ciudadanos o colectivos que nos dicen con orgullo que el Defensor del Pueblo les ha dado la razón. Hasta ahí, magnífico. ¿Pero el político hace caso a lo que dice el Defensor?
—Ese sería el paso siguiente. En la Ley estábamos estudiando cómo hacer el seguimiento para el cumplimiento de lo que se ha aceptado. Nosotros decimos, cerramos el expediente porque la Administración ha aceptado. Normalmente le decimos a la persona o al colectivo que nos diga si eso que se ha aceptado y se le ha comunicado se lo han hecho. Se sabe que una vez que se arregla el problema uno se olvida de tener que decirle nada, pero entre el 30 y el 40 por ciento de la gente nos dice que han recibido la ayuda al alquiler, io el SAS me ha atendido y reconocen que se equivocaron… Eso lo valoramos mucho porque no basta que se acepte el planteamiento del Defensor en defensa de algo. Eso lo estamos haciendo ahora, ver en qué plazos de soluciona y se está estudiando para que en la próxima reforma de la Ley, de alguna manera garantice el cumplimiento. Porque me pueden engañar. Ahora bien, el que no me puede engañar es el beneficiario, por lo que le comunicamos que hemos enviado escrito, que alegue lo que quiera y cuando no es verdad, que lo comunique y reabrimos el caso inmediatamente. Estamos corrigiendo eso porque con lo actual no basta.
Lo que sí les da coraje a los políticos es salir en el informe anual del Defensor del Pueblo…
—Totalmente. Ahí hay un material inestimable de experiencia de la ciudadanía. ¿Usted quiere saber qué piensa la ciudadanía? Vaya a la calle, hable con ella… pero lea usted el informe porque ahí tiene usted un muestreo bastante amplio. Estamos en torno a 150.000 personas que tratamos cada año, estamos hablando de diez mil expedientes y al mismo tiempo de consultas que no necesitan un expediente tan largo y se solucionan más pronto, en total en 20.000; que el 94% de 1.300 expedientes han sido aceptados –veremos a ver si han sido concluidos-; hay unos mil expedientes que no son irregulares, pero consideramos que si algo no es exigible sí es recomendable hacerlo porque la situación de necesidad es imperiosa… El informe del Defensor va al Parlamento, lo discutimos allí tanto el general como el del Menor y todavía no nos han desautorizado en nada porque tenemos mucho cuidado en ser riguroso porque yo me juego la credibilidad. Pero ahí hay un material inestimable porque es como una radiografía parcial pero muy extensible a otras situaciones de cómo está la calle. Que dice que se está creando empleo pero hay un 51% que no recibe ayudas, uno de cada tres trabajadores siguen siendo pobres, que estamos hablando de una temporalidad que hace que tengas trabajo durante quince días… Nosotros vamos a la base y en ese sentido, los informes nuestros no tienen que agradar. Se dice que un Defensor, si ha actuado bien, al final de su etapa de mandato que son cinco años, tiene muy pocos amigos.
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