Nadie discute a estas alturas que el cuarto sector es uno de los pilares económicos de nuestro país. Entendemos por cuarto sector, el sector económico dirigido a cubrir las necesidades sociales, este sector se ha convertido en un nicho de empleo importante para la economía, con un número de profesionales muy variados, desde psicólogos, educadores, trabajadores sociales, terapeutas, enfermeras, limpiadoras, etc.
Este trabajo en sus inicios, era llevado a cabo por asociaciones, ong´s, fundaciones sociales, etc., impregnadas por unos valores, una ética y ganas de mejorar la sociedad que vivían, cubriendo las necesidades a las que no llegaba la administración pública.
El cuarto sector, es un sector económicamente deficitario, por una cuestión evidente, dan servicio a los sectores más desfavorecidos, por lo que los programas que llevan a cabo son propuestos por las administraciones públicas que al no tener ni personal ni infraestructura suficiente proponen los proyectos para que sean financiados a través de contrataciones o subvenciones.
Pero de un tiempo a esta parte, han aparecido un número importante de empresas que se dedican a dar este servicio, sustituyendo en las contrataciones a las tradicionales organizaciones que anteriormente las llevaban a cabo, lo que ha incidido en un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en este sector.
La principal diferencia que existe entre una asociación (fundación, ong, etc.) y una empresa es clara y legítima, la asociación no tiene ánimo de lucro y la empresa sí. Una empresa se considera viable siempre que obtenga un mínimo del 20% de beneficios.
Estos programas sociales al salir a concurso, son baremados en dos líneas: proyecto y coste económico, los proyectos pueden ser muy similares entre empresas y asociaciones, y es en el coste económico donde se dirime la disputa, las asociaciones y empresas que pretendan pagar un sueldo digno a sus trabajadores con casi total seguridad perderán el concurso, que será ganado por aquella empresa que licite un precio menor, como es evidente ninguna empresa se presentará a gestionar un proyecto que le sea deficitario, por lo tanto el 20% de beneficios saldrá de los sueldos de los trabajadores.
La ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el gobierno del partido popular, impide que sean las administraciones públicas las que lleven a cabo estos programas ya que son deficitarios y alto endeudamiento de estas administraciones les impide ejecutarlas por ellas mismas.
Los resultados son unas necesidades cubiertas con trabajadores, desmotivados, mal pagados, y en muchos casos resignados a su situación, sin que haya una ley que obligue a estas empresas a pagar un sueldo digno o al menos que todas las que compiten por estos proyectos partan en unas condiciones de igualdad, donde las condiciones económicas sean similares y sea el proyecto el que dirima el “conflicto” donde todos los que se presenten se esfuercen en dar un servicio excepcional pagando unos sueldos justos, obteniendo los usuarios unos trabajadores motivados y bien pagados.
Evidentemente, esta nefasta situación es posible gracias a esta crisis-estafa que estamos padeciendo donde existe un nivel de desempleo enorme, que hace que exista “recambios” para el que no esté dispuesto a soportar ciertos niveles de “semi-esclavitud”.
La precariedad laboral se ha institucionalizado en todos los sectores, al menos en los sectores a los que podemos acceder las clases populares, hay otros sectores que no conocen esa palabra, pero es triste que sea más evidente en el colectivo que se dedica a cubrir las necesidades que no cubren las administraciones.
Salud.
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