La denuncia fue interpuesta el 16 de noviembre de 2006 ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid cuando todavía los dos eran ediles, según recoge el sumario, al que ha tenido acceso Efe.
El levantamiento parcial del sumario fue decretado ayer por la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Virtudes Molina, tras solicitarlo esta semana la Fiscalía Anticorrupción.
Según recoge el sumario, los ediles interpusieron la denuncia al considerar que se estaban cometiendo hechos en el Ayuntamiento de Estepona que podrían ser constitutivos de distintos delitos desde junio de 2003, cuando ellos asumieron sus actas de concejal.
En la denuncia se destacan los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros.
Así, ambos ediles descubrieron las presuntas irregularidades desde el principio de su mandato y estuvieron tres años y medio comprobando el funcionamiento administrativo, ya que en el Ayuntamiento presuntamente existían tres cajas de contabilidad.
Según el sumario del caso en su denuncia los ediles señalaban que "la corrupción estaba tan asumida e interiorizada que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor".
En la denuncia, presentada por el actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala Cristina Rodríguez, aportaron un dossier con 18 folios en los que realizan una exposición de hechos y destacan el funcionamiento de tres cajas de contabilidad.
La denominada caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previsto en la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares.
Además del citado dossier, Valadez y Rodríguez aportaron diversa documentación sobre convenios urbanísticos, cuyas valoraciones de suelo fueron realizadas en su mayoría por el ingeniero técnico Javier Wittmeur, que concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido Estepona y que no realizó ningún proceso selectivo para acceder a su plaza.
Wittmeur fue detenido en el inicio de la operación y permaneció mes y medio en prisión por los delitos de fraude, falsedad en documento público y malversación de caudales, aunque abandonó el centro penitenciario tras abonar una fianza de 60.000 euros.
En la denuncia de los ediles se relataba el organigrama del Ayuntamiento, en cuya cúspide situaba a José Flores, ex jefe de gabinete de Alcaldía, "muñidor de todos los asuntos que afectan a la Corporación".
Tal era su poder, aseguran los ediles en la denuncia, que no sólo elaboraba el orden del día de las Juntas de Gobierno y de los plenos, sino que además conseguía la financiación mediante "donaciones" a las delegaciones socialistas.
También trataban en la denuncia el caso de José Ignacio Crespo, líder del PES, que aparece, según el Tribunal de Cuentas, como uno de los responsables de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero en el periodo 1995-1999, cuando era primer teniente de alcalde con el GIL.
Jose Ignacio Crespo también aparece vinculado a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Marbella con el GIL y Pedro Román, ex primer teniente de alcalde con este grupo, en un anónimo que forma parte del sumario de la operación Malaya.
Sobre el ex alcalde, Antonio Barrientos, dicen que podría ser el "hombre de paja", mientras que del ex gerente de Urbanismo con el PES, Pedro López, decían que sería a quien las promotoras tendrían que abonar las comisiones, entre otros.
Los ediles sostienen en su denuncia que se trata de personas que, ostentando una responsabilidad pública, hacen uso de su cargo "para lucrarse de manera descarada sin guardar las formas ya que los signos de ostentación son evidentes".
También se recoge en la denuncia cómo Valadez puso en conocimiento del ahora ex alcalde, Antonio Barrientos, la denuncia que le hizo un representante de la multinacional farmacéutica Orpea, que pidió la mediación de Valadez "porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico".
En más de una ocasión, recoge la denuncia, "se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fructífera".
En el escrito también se trataba adjudicaciones supuestamente irregulares de obras y servicios, otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago, o favores municipales a amigos y parientes.
Desde 2003 y hasta el año 2007 gobernó la ciudad una coalición formada por el PSOE y los independientes del Partido Estepona, integrado por ex integrantes del GIL, además de IU, que estuvo durante un año en el gobierno y fue sustituida por el PA.
La operación policial se inició el 17 de junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos y los concejales de su partido Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina
También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores.
Tras las detenciones, se produjeron un alud de imputaciones hasta llegar a 63 imputados de delitos como blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
Cinco de los arrestados por este caso fueron enviados directamente a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el pasado 10 de diciembre tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión.
También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur. De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza.
Tras la dimisión de Barrientos, asumió la Alcaldía David Valadez (PSOE), y el gobierno en minoría cuenta con 11 de los integrantes de la corporación (seis ediles socialistas, dos ex integrantes del PES, uno de IU, uno del PA y uno del grupo "Estepona 2007"), mientras que hay 14 en la oposición que son los cinco concejales del PP, seis no adscritos e imputados en el caso por distintos delitos y tres del PES (dos de ellos también imputados).
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
