Estas declaraciones se producen después de que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz haya comunicado al Parlamento andaluz que denunciará ante la Fiscalía al alcalde por obstaculizar de forma reiterada la labor de esta institución al no colaborar en la tramitación de las seis quejas ciudadanas pendientes de resolver.
En rueda de prensa, Benavides (CA) manifestó su voluntad de colaborar con "todas las administraciones públicas", y aseguró que no hay por parte del Ayuntamiento intención de obstruir la labor del resto de instituciones.
El alcalde indicó que el Ayuntamiento ha instado siempre de forma reiterada a los distintos departamentos municipales y a los concejales delegados a través de acuerdos de junta de gobierno o resoluciones de Alcaldía, a "la máxima colaboración y la mayor diligencia" en dar respuesta a las demandas procedentes de cualquier administración pública.
Reconoció, no obstante, que en estos momentos hay "algunos atascos" en varios departamentos municipales provocado "por un cúmulo de demandas de información y expedientes", tanto de la Junta como de algunos departamentos de la administración central.
Benavides aludió al "importante volumen de contenciosos administrativos que se dirimen actualmente en los juzgados" y a los "intentos de criminalizar la vida municipal", lo que ocasiona, dice, una "saturación de trabajo", según el alcalde.
Indicó que el Defensor del Pueblo Andaluz recibe un promedio de 30 demandas de información o quejas al año, de las que "sólo seis están pendiente de respuestas".
Tres de ellas, según dice, porque la oficina del defensor, tras recibir respuesta del consistorio, ha requerido más información y las otras tres por cuestiones tramitación administrativa.
"Si no se ha actuado con la suficiente celeridad se ha debido a una acumulación de tareas, nunca se ha querido entorpecer el funcionamiento del Defensor del Pueblo", señaló.
Dijo que para agilizar la colaboración, el año pasado delegó en la concejal de Relaciones Institucionales, Eva Gaitán, las funciones para recibir, tramitar y responder todas las cuestiones relacionadas con la Oficina del Defensor del Pueblo.
Benavides lamentó "la utilización de las instituciones publicas no para defender a los ciudadanos", sino para contribuir a "criminalizar" la gestión municipal del Ayuntamiento de Almuñécar.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, comunicó por escrito al Parlamento de Andalucía su intención de denunciar a Benavides ante la Fiscalía, la primera vez que esta institución adopta tal medida -recogida por ley- por falta de colaboración de una autoridad municipal a la hora de facilitar la información requerida para dar salida a las quejas ciudadanas que debe tramitar e investigar la oficina del defensor.
Según fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la decisión ha sido adoptada ante la imposibilidad de tramitar las seis quejas ciudadanas contra el Ayuntamiento de Almuñécar que acumula esta institución -relacionadas la mayoría con asuntos relativos al urbanismo-.
Ya había antecedentes de esa "actitud entorpecedora" por parte del Ayuntamiento de Almuñécar hacia la labor del Defensor del Pueblo Andaluz, que mantiene, no obstante, que las actitudes de este tipo por parte de autoridades o funcionarios son "absolutamente minoritarias", de lo que pone como ejemplo el hecho de que en su último informe sólo se recogieran cinco declaraciones de obstrucción frente a los "miles de informes" que se le hicieron llegar.
Los requerimientos de información y colaboración para la tramitación de las seis causas relativas a Almuñécar que tiene pendientes de resolver la oficina han sido, según las fuentes, "sistemáticamente desatendidas" por el Ayuntamiento.
Esta circunstancia es la que ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz a optar por comunicar la situación al Parlamento de Andalucía -posibilidad que le reconoce la ley- e informarle de su intención de trasladar los hechos a la Fiscalía por un delito de desobediencia recogido en el artículo 502 del Código Penal, que al ser una autoridad puede llevar aparejada la pena de suspensión de empleo o cargo público por un periodo de seis meses a dos años.
Antes de comunicarlo formalmente al Parlamento, Chamizo dio el mes pasado un ultimátum al alcalde, de Convergencia Andaluza.
Lo hizo a través de un escrito en el que le informaba de que ante la situación creada, que estaba impidiendo al Defensor cumplir con su obligación de investigar las reclamaciones ciudadanas, se veía obligado a comunicar los hechos al Parlamento andaluz y a trasladarlos en su caso a la Fiscalía, si en un plazo determinado de tiempo no atendía a los requerimientos, según las fuentes.
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