Aunque, un año más, comienza un nuevo curso político y académico, este septiembre no es como otros. Los temas cotidianos, los mismos asuntos sin resolver y el terrible déficit de la sanidad pública andaluza de este verano -con plantas de hospitales enteras cerradas- y con los ventiladores de IKEA ya colocados por la Junta en los centros educativos, han quedado en un segundo plano. Los atentados terroristas de Barcelona, la actuación de los Mossos ante el anuncio de la CIA, la obscena manipulación de la manifestación contra el Gobierno del PP y el Rey en Barcelona y el desafío secesionista de los independentistas catalanes con su fantasmal proyecto de ley de transitoriedad, que amenazan la estabilidad de España, ocupan todas las tertulias y titulares de prensa. Puigdemont continúa con su pulso al Estado y se ha atrevido a declarar al diario Financial Times que tiene 6.000 urnas preparadas para el referéndum del 1-O y que, en su opinión, el Estado no puede frenar. Cada día tenemos que sufrir los españoles el insulto y la chulería de estos independentistas catalanes que airean desafiantes el temerario intento de quebrar la legalidad constitucional de un Estado democrático. Quizás hoy sea aprobado ilegalmente ese proceso de desconexión. Un disparate político, social y jurídico.
Ante este desafío, muchos españoles estamos muy preocupados ante la aparente pasividad de Rajoy en la toma de decisiones en este asunto de extrema gravedad. Está implantándose el fundado temor de que el Presidente del Gobierno, en contra de lo que promete, no será capaz de frenar el referéndum catalán de una vez por todas, ya que se enredará en cuestiones jurídicas. Debería explicarnos a los españoles con detenimiento, para nuestra tranquilidad, cuál será la respuesta ante este golpe de Estado social y jurídico. Debemos tener información y tenemos el derecho de saber qué actuaciones van a seguirse para defender nuestras garantías y derechos. No debemos ni podemos confiar en la Oposición, porque no veo a Pedro Sánchez capaz ni convencido de la necesidad de defender la Constitución, la Ley y el Estatuto para impedir el referéndum del 1-O, al que el PSOE quita importancia con su ya famosa plurinacionalidad. La unidad tan necesaria frente al terrorismo y frente al desafío catalán no se vislumbra por ningún lado, ni siquiera entre los partidos constitucionalistas de PP, PSOE y C’s, lo que constituye otro hecho preocupante que ahonda en el desconcierto institucional. ¿Serán suficientes las impugnaciones del Gobierno ante las leyes catalanas ilegítimas y las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Ministerio Fiscal? ¿Serán necesarios otros métodos? Señor Presidente, ante este grave desafío debemos estar informados, no basta con decir que el referéndum no se va a celebrar. ¿Y el 2-O?
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