La sociedad contemporánea ha ido conquistando progresivamente unos derechos que, al menos en teoría, deberían favorecer una mejor calidad de vida de los ciudadanos, defendiéndolos de cualquier arbitrariedad, viniera de donde viniese. Esas conquistas encontraron plasmación de manera gradual en los corpus legislativos que posee cada país de los que forman parte del llamado “mundo libre y democrático”. Conceptos como el “habeas corpus”, que tutela los derechos fundamentales de la persona derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, o el conocido como “in dubio pro reo”, según el cual el fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia, constituyen jalones en la defensa de los derechos del ciudadano, que no pueden ser negados o anulados bajo ningún concepto.
Sin embargo, día a día asistimos estupefactos a espectáculos circenses, desarrollados no en la arena, como ocurría en la antigua Roma, sino en algunos medios de comunicación, que han hecho del amarillismo periodístico, de la negación de la presunción de inocencia y del tremendismo mediático su santo y seña, rebajando el mundo de la comunicación al inframundo de los rumores dados como ciertos, de las sospechas que son firmes certezas y de las afirmaciones ligeras y gratuitas, a las que difícilmente se puede responder desde la ley. Pocos conceptos habrá más manidos que la presunción –“presunto delincuente, presunto asesino”-, y más, inversamente, negados sistemáticamente. Asistimos en la actualidad a auténticos linchamientos mediáticos, en los que tertulianos televisivos –muchos con escasa o nula preparación- o columnistas periodísticos de cortas miras ejercen una judicatura paralela, examinando delitos o actitudes y dictando sentencia, normalmente condenatoria, con el peso de una ley –la creada por ellos-, que nada tiene que ver los derechos individuales y colectivos, que siempre deben quedar salvaguardados. Quien tiene que juzgar a quien “presuntamente” delinque es el poder judicial, en sus diversos estamentos, no el último o última enterado/enterada de turno, por mucha cobertura que le dé una cadena televisiva. Espectáculos como los vividos recientemente con motivo del ingreso en prisión de Isabel Pantoja, seguido, o mejor dicho, perseguido por la misma vesania con que las hienas dan alcance y destrozan a sus víctimas, revelan actitudes que nada tienen que ver con una sana deontología profesional periodística. En ese sentido, es triste tener que reconocer que con demasiada frecuencia se producen auténticos linchamientos mediáticos, donde ciudadanos con todos sus derechos, ciudadanos que incluso hasta no hace mucho eran ensalzados y vitoreados, son vapuleados de lo lindo, sin el menor respeto a sus mínimos derechos.
Cuando tanto se habla de regeneración política, de superación de la crisis económica, de renovación social, deberían de arbitrarse los mecanismos para acabar con una impunidad que, para justificarse y seguir campando a sus anchas, se escuda en la libertad de expresión e información, mientras niega a sus víctimas un derecho básico y fundamental: el de ser condenados únicamente por quien tiene el poder para ello en un Estado democrático: el poder judicial.
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