El inicio de un nuevo curso político, marcado por el fin del período vacacional, está siendo marcado por un auténtico aluvión de noticias, de diversa índole, que van desde los intentos secesionistas catalanes y escoceses, hasta la formación de una alianza occidental contra el Estado Islámico, sin olvidar algunos temas más cercanos como las sucesivas dilaciones que ha ido sufriendo, a lo largo de la presente legislatura, el anteproyecto de ley para la protección del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada, que según ha revelado un período de tirada nacional, ha sido aparcado, parece ser que definitivamente, por el actual gobierno. Ya fue sintomático que contando con mayoría absoluto, el partido en el poder no se decidiese finalmente a sacar adelante el citado anteproyecto convirtiéndolo en ley. Máxime, teniendo en cuenta que era una de las promesas electorales con las que durante la última campaña los populares intentaron recolectar votos dentro del electorado pro vida. Las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular en contra de este anteproyecto, como el de las señoras Cifuentes y Villalobos, no iban más allá de esperpénticos posicionamientos que aireaban un falso disenso, que se limitaba a ese aspecto, mientras callaban ante otras medidas gubernamentales que han supuesto notables recortes en los gastos sociales. El nuevo anteproyecto no suponía una novedad revolucionaria en el panorama legislativo español sobre el aborto. En grandes líneas, se limitaba a volver al estado de cosas anterior a la delirante ley de la ministra Aído, que, entre otras lindezas jurídicas, permitía que se practicase sin conocimiento de sus padres el aborto a una menor de 16 años, a la que, por ejemplo, no se le podía vender una bebida alcohólica, aunque fuese de baja graduación. Según la disparatada normativa de la ley Aído, eran más peligrosos los 5 grados de alcohol etílico de una cerveza que practicar un aborto en una menor, con las graves consecuencias físicas y psicológicas que una intervención de este tipo produce en una mujer, sea cual sea su edad. La puntilla a la ralentización del anteproyecto parece que se la ha dado a la nueva ley el gurú sociológico del Partido Popular, el señor Arriola, esposo de la exministra Villalobos. Sus sondeos estadísticos concluían que lo que había restado intención de voto al partido en el poder había sido el mencionado anteproyecto. Desde mi condición de ciudadano de a pie, me parece un poco inverosímil esa conclusión, sin entrar en que, como afirmaba mi profesor de metodología histórica, las estadísticas eran el arte de mentir científicamente. El impacto que la nueva norma legal tendría en el conjunto de toda la población no sería muy amplio. Sí lo es, en cambio, el recorte abusivo de gastos en educación, sanidad y otros campos sociales, mientras los privilegios de la casta política se mantenían inalterados y su blindaje legal impedía que sobre los casos de corrupción recayese todo el peso de la ley. Sangrantes han sido los casos de desahucio de viviendas por parte de entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público, y cuyos fondos fueron esquilmados por los consejos de administración, en los que había una amplia representación de los partidos políticos. Y así se podrían aducir otros ejemplos. Por ello, argumentar que se pierden votos por un anteproyecto de ley que no ha sido ni siquiera discutido en sede parlamentaria es un ejercicio de cinismo craso en el que se inmolan vidas por unos pocos votos. Y ante el incumplimiento de las promesas electorales, los votantes deberían tomar buena nota.
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