Después de haber subido treinta veces su valor inicial en un periodo de tiempo muy corto, un descuento del 40% no es un descuento. Todavía queda dieciocho veces por encima de su precio original, es decir, de la realidad. Es lo que está pasando con la vivienda, super crecidos los precios por obra y gracia de varios factores coincidentes, entre los que la urgente necesidad de cambio provocada por la llegada del euro, no es el único, ni quizá sea el principal motivo. La Administración debe saber mucho al respecto y “motu propio” o forzada por la Justicia, debería aclararlo.
Las promotoras, constructoras e inmobiliarias no fueron las únicas en “volverse locas”; muchos más quisieron creer que duraría eternamente y aprovechar el floreciente negocio. De pronto, de necesidad y derecho constitucional, la vivienda se convirtió en solución económica para quien disponía de más de una. Los precios no se fijaron en función de los costos, menos aún de la realidad económica, sino de la codiciosa emulación del vecino y la necesidad dineraria particular de cada uno. Alquilar una vivienda obedece al deseo de ganar una cantidad determinada, y la especie de extraña regulación, a un acuerdo tácito, fijado en función de lo que cobran otros, en claro roce con la ilegalidad oligopólica.
Aquella fiebre ha dado viviendas para los próximos cincuenta años, pese a lo cual,empresarios incapaces de reciclarse reclaman facilidades para seguir construyendo. A nadie importan los miles de necesitados, nadie parece dispuesto a bajar a precios acordes con la realidad económica; no es sólo la falta de crédito, aunque sea una de las principales causas, sobre todo planea la avaricia. “Como no pueden comprar, tienen que alquilar”, decía un avispado arrendador. Después de seis años mantiene el local vacío. Será que le es más rentable dejar que se deteriore sin obtener ningún ingreso.
A medidas de apoyo a la especulación, que aseguran el mantenimiento de los precios, se les ha dado el pomposo y apologético nombre de “ayudas al alquiler”. Con semejante fantasía, poco puede esperarse de la Administración. Igual que con los precios de su propia escasa iniciativa, muy similares a los de la privada. Precios sin relación con el coste real, pues no se olvide que el de construcción de una vivienda de noventa metros cuadrados no supera los 60.000 euros, en el peor de los casos. Luego, todo lo demás es beneficio.
Bajar no es tirar precios, por más que la voracidad de unos y el lenguaje de oficinas inmobiliarias y webs de anuncios, quiera aparentarlo con su falsario planteamiento publicitario. En las condiciones actuales, con los precios supra-valorados, bajar precios sería llevarlos a la normalidad. Y a ello todos estamos obligados. Lo contrario, para unos no pasa de ambición desalmada, para la Administración es falta de conciencia e incumplimiento de una de las principales obligaciones asumida cuando buscaron el cargo. Los cargos no están hechos, únicamente para medrar ni para cobrar por su ejercicio. Los cargos no son, o al menos no deben ser, una solución laboral. También conviene servir a lamayoría, a la que dicen o pretenden representar.
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