Nueve familias, madres solteras y sus hijos, habitan desde hace dos años un edificio en el centro de la capital. El banco dueño del inmueble les ofrece la posibilidad de regularizar su situación. Ellas piden ayuda a la administración pública para pagar el alquiler social que les ofrecen.
Lidia es la portavoz de este grupo de mujeres, que ha bautizado el inmueble okupado como Corrala Las Luchadoras. El abogado que las representa, José Cosin, ha explicado a Ondaluz Televisión que lo que demandan estas mujeres no es, ni más ni menos, que se cumplan las leyes.
El letrado indica que los bancos deben dedicar parte de su 'stock' inmobiliario al régimen social y que las administraciones públicas, Junta y Ayuntamiento, deben negociar con la entidad el coste de estos alquileres sociales que deben sufragar junto con el arrendado.
Otra madre, Ana, demanda a la administración pública algo más importante para ella. Que las administraciones públicas no le quiten a sus hijos. Denuncia que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites, que debe completar la Junta andaluza.
Vive en un bajo pequeño y hacinado, ocupado por once personas. Quiere buscarse un lugar mejor para sus tres hijos menores. Pero para ello, necesita una ayuda económica que, dice, la administración local le niega.
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