En pleno culebrón para la aprobación del Presupuesto Municipal de 2018, sorprende, y mucho, que algunos responsables municipales del Ayuntamiento de Sevilla hagan ostentación, de la manera en que lo hacen, sobre la reducción de la Deuda Municipal, tratando de sacar rédito de algo que, cuanto menos, es francamente discutible. Y es que no se trata ni mucho menos de valorar negativamente que la deuda vaya disminuyendo -quién podría hacerlo-, ya que es evidente que cuanta menos deuda tengan las administraciones públicas, mejor que mejor; el problema es el ritmo con el que lo hace y, muy especialmente, a costa de qué.
Dicho sea de paso, y contrariamente a lo que se ha venido afirmando durante los últimos años -Zoido dixit- con una clara intencionalidad política, la deuda de nuestro Ayuntamiento nunca fue excesiva, ni tan desproporcionada como se pretendió hacer ver, lo que no significa que hubiera que dejar de actuar sobre ella para racionalizarla e impedir que la misma siguiera creciendo. Pero el caso es que actualmente la citada deuda es francamente manejable y se encuentra en unos niveles más que aceptables; bastante mejor que la mayoría de las grandes ciudades españolas.
Es por ello que sería absolutamente razonable que su disminución se produjera de manera natural, como consecuencia del normal cumplimiento de los plazos de amortización establecidos, tratando en todo caso que, de recurrir a nuevos endeudamientos -en el supuesto que haya que hacerlo para nuevas inversiones para la ciudad que no puedan garantizarse con recursos propios-, se mantenga en unos límites inferiores a las amortizaciones de deuda que se produzcan. Pero no es eso lo que viene ocurriendo.
El Ayuntamiento de Sevilla está acelerando y adelantándose innecesariamente a esos plazos de amortización, en buena medida como consecuencia del superávit que viene produciéndose en los últimos ejercicios presupuestarios. Superávit generados, y eso es lo verdaderamente preocupante, por la falta de ejecución de los respectivos Presupuestos de Gastos en una ciudad con enormes carencias y necesidades que no puede permitirse detraer un solo euro de las inversiones u otro tipo de gastos relacionados con los barrios de la ciudad, el empleo, la actividad económica o la protección social.
Es tanto como si, en clave personal, dejáramos de comer o vestirnos para terminar de pagar la hipoteca de nuestra vivienda varios años antes de lo acordado con el banco. Un despropósito difícil de entender y sobre el que resulta insólito sacar pecho. Así, la liquidación definitiva del Presupuesto de Gastos de 2016 ha puesto de manifiesto que dejaron de gastarse 120 millones de euros y se cerró con un superávit de 54 millones.
Por otro lado, todas las previsiones indican que ambas cifras del Presupuesto de 2017 serán aún superiores. Se trata en definitiva de importantes recursos económicos que estaban destinados a atender las necesidades de la ciudad y que por la deficiente gestión del gobierno municipal irá, en buena medida, y por imperativo legal -gracias a la conocida popularmente como ley Montoro- a anticipar el pago de la deuda municipal.
A este ritmo, no lo duden, acabaremos en un pis-pas de saldar la totalidad de la citada deuda y, si no mejora la gestión presupuestaria del gasto, y Montoro se empeña en continuar impidiendo que los ayuntamientos puedan destinar sin tantas limitaciones y obstáculos el posible superávit a inversiones o gasto social, se acabará disponiendo en los bancos de importantes recursos económicos y la ciudad continuará con enormes necesidades a las que atender. No sería el único ni el último caso. Si en el anterior mandato municipal el Partido Popular recurrió a la deuda para justificar recortes por doquier y limitaciones en las inversiones, este gobierno municipal parece hacerlo para maquillar sus evidentes déficits de gestión presupuestaria.
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