Hace tres meses que entró en vigor la ley de reforma de la Administración Local y quienes anunciaron que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional finalmente lo han hecho, aunque casi sobre la campana del final del plazo.
Pero también hay movimientos inesperados. Así, Galicia primero y Castilla y León después han aprobado sendas normas para tratar de paliar los efectos de esta reforma. No es este artículo el formato más adecuado para analizar en profundidad estas medidas, que están generando un gran debate entre la doctrina y en los foros especializados, pero de forma gráfica puedo decir que lo que tratan es de poner un paraguas que la amortigüe lo más posible en esas Comunidades.
Lo cual me parece estupendo, como no podía ser de otra forma después de todo lo que he escrito sobre este tema. Si esto fuese acompañado de una ley de financiación local, miel sobre hojuelas. Y si como colofón abrieran un proceso, ordenado y racional, de fusión de ayuntamientos, pues ya sería para tirar cohetes.
Lo que dudo es que el Gobierno Central se quede quieto ante estas iniciativas, que seguramente serán seguidas por el resto de Comunidades Autónomas, ya que dejaría en agua de borrajas su reforma, daría al traste con el supuesto, y más que discutible, ahorro que consta en todos sus informes sobre reforma de la Administración Pública, y descuadraría gravemente el Plan Presupuestario que ya presentó en Bruselas.
Con lo que a final, entre unas cosas y otras, parece que la nueva regulación de la Administración Local dependerá más de lo que digan los Tribunales que de la voluntad de los Parlamentos.
Y todo esto era evitable.
Es cierto que desde el punto de vista institucional hicieron lo que tenían que hacer, presentando alegaciones al proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria, pero no podemos olvidar que tanto Galicia como Castilla y León están gobernadas por el PP, y con dirigentes muy importantes, así como que, cada una por separado pero más aún por juntos, cuentan con diputados y senadores en número suficiente como para haber condicionado la aprobación de esa Ley.
Y no digo yo que hubieran tenido que organizar un motín parlamentario, ni mucho menos, sino que, visto lo visto, tenían argumentos suficientes como para intentar convencer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de lo desnortado de su propuesta. Y si insistía en la misma, haberle enseñado la fuerza parlamentaria con la que contaban para haberle obligado a corregirla. Y todo ello mediante conversaciones internas y discretas de partido.
Y no fueron los únicos que pudiendo hacer algo para evitar esta reforma en su momento no lo hicieron. También están los alcaldes y concejales que compaginan esos cargos con los de diputados y senadores y no hicieron valer aquella condición sino que prefirieron plegarse a una disciplina de partido que ahora se ha demostrado que no era ni compartida ni unánime.
Mientras, otros, entre los que me cuento, hicimos lo que pudimos, advirtiendo en infinidad de artículos sobre las consecuencias de esta reforma. ¡Lástima que nadie, entonces, nos hiciera caso!
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
