El tripartito ha conseguido suprimir la zona naranja que ha pasado a mejor gloria, o quizás no. Queremos Puerto cree que tal medida solo ha tenido dos fines. +El primero dar satisfacción a un lobby de presión, que legítimamente ha defendido sus pretensiones, y el segundo, dentro de la órbita del voluntarismo político del que se imbuye el tripartito, cumplir una promesa electoral sin poseer toda la información y sin tener en cuenta las consecuencias de índole económico que pudieran incidir en los Interés Generales de Nuestra Ciudad. Este es nuestro único, pero a su vez mayor reproche. Del debate plenario sacamos dos conclusiones.
La primera es que la supresión de la zona naranja, en palabras del Sr. Interventor, supondrá en el plan de ajuste entre los periodos 2016-2032 un impacto de 1.100.000 euros. ¿Qué significa esto? Que en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria nuestro Ayuntamiento, deberá adoptar medidas de incremento de ingresos o de reducción de gastos para generar capacidad de financiación o equilibrio. ¿Cómo lo harán? Es toda una incógnita.
La segunda es el bucle argumentativo del que no salió D. Antonio Fernández (IU) y que consistía en repetir una y otra vez que el informe emitido por IMPULSA, estimando los ingresos en 1.200.000 euros, era desorbitado porque se basaba en dos premisas, el aumento del precio de la tasa y la extensión de la misma a todas las zonas de playa de El Puerto, y como cierre de su intervención, su intención de negociar con IMPULSA los ingresos derivado de la zona naranja ¿Lo harán a través de una auditoria ciudadana?
Una nueva incógnita. Cuando se constituyan las Juntas Generales de las empresas municipales, se nombrarán los distintos Presidentes y Consejeros que emanarán de la representación política representada en el Pleno Municipal.
De la responsabilidad política solo se puede decir que se refiere a un cierto deber jurídico de quien ocupa cargos electos de comportarse de forma adecuada a lo que pueda esperarse de quien ha sido designado por los ciudadanos para ser sus representantes.
La indefinición de tal deber provoca un no menos indefinido efecto, pues de esta responsabilidad no hay resarcimiento del daño que pudiera causarse, solo la reprobación en las urnas. Pero si existen responsabilidades de tipo penal, patrimonial y contable que pueden derivarse de una administración negligente y desleal contra la propia empresa municipal.
Parece ser que el nuevo presidente de IMPULSA, será nuestro Alcalde. ¿Defenderá los intereses de IMPULSA como un leal administrador o lo hará impulsado por salvar su voluntarismo político en el tripartito? En muy poco tiempo, el Sr. Oliva se va enfrentar con otro dilema, por cierto termino de etimología griega como nuestro fundador el Rey Ateniense Menesteo, con la empresa `publica SUVIPUERTO.
Prevemos que con el tripartito, si siguen en la senda de su particular voluntarismo político, ser Presidente o Consejero, se va a convertir en una actividad de riesgo por las responsabilidades que pudieran derivarse de una posible administración no diligente y desleal de las empresas públicas.
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