La actuación de cualquier responsable político debe ser una ejemplo de claridad y transparencia en todos los sentidos y aspectos, además de asumir la obligación y el compromiso de ejercer una pedagogía de la ejemplaridad desde el ejercicio de su función.
Hay dos frases atribuidas al viejo profesor, político, sociólogo, jurista y ensayista, Enrique Tierno Galván, que nos dejó siendo alcalde Madrid tras siete años al frente de los destinos de la capital del Reino en 1986 y que afirmaba que “los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”
También en numerosas ocasiones el ex presidente de España y estadista Felipe González, nos ha recordado lo que ya decía allá, Lord Acton “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. No podemos ni debemos enrocarnos en ocultismo opaco y cerrado.
Desde estas dos premisas y el convencimiento de que la inmensa mayoría de la gente que se ha dedicado y ejerce el duro oficio de la política, son gente comprometida, honrada, cabal y con sólidas convicciones democráticas, hay que reconocer que vivimos tiempos difíciles.
En los que el desapego de la ciudadanía hacia los políticos tal vez esté justificado por los casos de corrupción, que ocupan todas las letras del abecedario, las distintas formaciones políticas y van desde el caso Arcos, Balitar, Brugal, Bárcenas, CAM, ERES, Fabra, Gürtel, Malaya, Mercasevilla, Nóos, Orquesta, Palau, Rasputín, Troya o Zambrana por citar solo una pequeña muestra.
Pero que en el fondo, no solo hay gente dispuestas a corromper y corromperse, sino la falta de procedimientos claros y transparentes y con todo tipo de garantías y controles. En este sentido, una vez más, Andalucía sella su compromiso con la transparencia y con una democracia más abierta.
De nuevo, nuestra Comunidad Autónoma, demuestra que no es igual gobierne quien gobierne, y que desde el ejecutivo del PSOE e IU nos convertimos de nuevo en referente. Se ha dado luz verde al proyecto de la Ley de Transparencia Pública, y creo sinceramente que es un paso importante, un avance valiente que va ayudar a profundizar en nuestra democracia y servirá para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Los andaluces y las andaluzas tienen derecho a saber qué se hace con sus impuestos, que decisiones se toman y por qué. En este sentido vamos a estar , una vez más, a la avanzadilla, ya que la ley andaluza va más allá y obliga a aplicar el principio de transparencia activa a todo el arco administrativo y a las empresas y entidades beneficiarias de fondos públicos (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc).
Esto es dar una vuelta de tuerca a una práctica que nuestra Comunidad ya viene desarrollando con éxito, y que responde a las nuevas necesidades de información que la ciudadanía plantea, de manera más participativa y participada.
Además, mientras que la Ley Estatal no incluye sanciones en materia de transparencia, la andaluza contempla que las autoridades puedan ser sancionadas con el cese del cargo y por infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un periodo de tres años, y amonestaciones y multas para las entidades que reciban dinero público.
Si el trámite parlamentario va bien, en el plazo de un año tendremos en Andalucía una de las normas más avanzadas de Europa, para hacer del ejercicio democrático y de la gestión pública, una práctica de limpieza ética, en el que existirá un Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía con una autoridad independiente de control, que tendrá que ser elegida por la mayoría absoluta del Parlamento.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
