El llamado “efecto trasto” –señalado por Akerloff en sus estudios económicos sobre la asimetría de la información– suele darse cuando en los mercados los productos malos se imponen sobre los buenos. Y, desgraciadamente, en política sucede algo parecido.
En el “mercado de la política” también nos encontramos productos buenos y malos, como en cualquier otro mercado. Y también, como en cualquier otro mercado, los malos se llevan la palma frente a los buenos. Tenemos políticos de baja calidad, como tenemos abogados, jueces, periodistas, maestros, médicos, etc. No digo yo que no haya políticos que no estén a la altura de las circunstancias, pero son los menos.
Hay que recordar, no obstante, que los políticos como clase profesional independiente no existen. Existen ciudadanos que son profesionales de muy diferentes ámbitos y que durante un período de sus vidas –la mayoría de las veces demasiado largo– se dedican a la res publica. Lo que no es lo mismo, aunque lo parezca.
Yo creo que el hecho de que muchos de los mejores profesionales con capacidad y cualificación para dedicarse a la política no lo hagan a día de hoy es porque la que debiera ser una de las más nobles actividades públicas de entre aquellas a las que pueden entregarse los ciudadanos está notablemente desprestigiada. No creo, sin embargo, que haya un modo de garantizar la calidad de los políticos, lamentablemente. Entre otras razones porque el concepto de calidad aplicado a la política no es sencillo de definir. Y porque exigir el cumplimiento de unos determinados requisitos a los candidatos a serlo, como si se presentasen a un concurso-oposición, sería antidemocrático.
Con todo, sí que se me ocurren alternativas para cuando menos realzar y dignificar la política, que ahora está bajo mínimos, y con ello lograr atraer para su ejercicio a ciudadanos aptos y honestos. Entre esas alternativas, por supuesto, estaría, en primer lugar, una lucha más denodada y eficiente contra la corrupción (la principal de las lacras) y, a continuación, la puesta en marcha de algunos de los cambios que –creo– necesita nuestro sistema político. Reformas como la de la ley electoral, que ya urge, para que los ciudadanos, además de votar a organizaciones, votemos a personas con nombres y apellidos y, de paso, podamos “botar” a quienes consideremos que hayan hecho méritos para ello. O de la ley de partidos, para que la democracia se imponga por norma en las estructuras de todas las formaciones políticas, desde la cúspide hasta la base, y se afine en lo que se refiere a su financiación, para evitar que el compadreo y el clientelismo campe a sus anchas.
También incluiría entre dichas reformas una revisión mucho más rigurosa de la normativa relacionada con la ocupación de cargos públicos en las administraciones, así como las incompatibilidades que les afecten, y una modificación sustancial del sistema judicial –para garantizar una mayor independencia de jueces y fiscales, especialmente los de las más altas instancias– acompañada, por supuesto, de una mucha mayor dotación de recursos materiales y humanos.
Además, introduciría en nuestro ordenamiento la limitación de mandato –a nivel estatal, autonómico y el local– y trataría de concretar las situaciones en las que los cargos políticos –todos los cargos políticos, los ejecutivos y los representativos– deberían cesar o ser cesados de sus puestos, para que, llegado el caso, su continuidad no dependa de su arbitrio.
Con medidas de este tenor tal vez no se erradicaría el mencionado efecto, pero seguramente se mitigaría.
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