Aunque la noticia se ha difundido a través de los medios y también a través de las redes sociales, quiero volver a compartirla desde este espacio y añadir alguna que otra reflexión al respecto. Entre otras cosas, porque soy el principal interesado y afectado.
Como de todos es ya sabido, o casi sabido, en un auto dictado el pasado 20 de enero el Juzgado de lo Social Único de Algeciras ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Los Barrios –una vez más– que me reponga en el puesto de responsable de prensa de la institución y me abone los salarios de tramitación dejados de percibir desde que fui despedido en febrero de 2012 junto a otros 114 compañeros de la plantilla municipal.
Con esta resolución, contra la que solo cabe un recurso de reposición, que no tiene efectos suspensivos, tal y como establece el artículo 186º de la Ley que Regula la Jurisdicción de lo Social, se pone prácticamente fin a un largo proceso de pleitos, iniciado cuando el señor Jorge Romero accedió a la alcaldía de Los Barrios. Digamos que este es el capítulo final de esta historia. Aunque todavía quede por escribir un epílogo, que, eso sí, tal vez pueda incluir alguna que otra sorpresa de última hora.
Digo que este es el capítulo final, porque el señor Romero no tiene ya, por mucho que lo intente, margen de maniobra para paralizar la ejecución definitiva de la sentencia de 17 de octubre de 2012 que declaró nulo mi despido. Aunque presente el referido recurso de reposición, ante el juez que ha tomado esta resolución, porque su tramitación, como ya he señalado, no suspende la obligatoriedad de cumplir dicha sentencia en todo sus términos.
Es probable que en los próximos días, mal asesorado, como se está viendo desde que llegó al cargo, y movido también por la desesperación, aparte de la mala uva que gasta en casi todo lo que hace, el señor alcalde de Los Barrios –probablemente, el peor y más nefasto alcalde que ha tenido este pueblo en las últimas cuatro décadas– anuncie que acudirá con este caso al Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo, poniendo de manifiesto que su irresponsabilidad no tiene límites –casi un millón de euros ha presupuestado para gastos de defensa jurídica de cara a este ejercicio de 2016–, pero que nadie se engañe: el Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo no le van a hacer ni puñetero caso. Y no le van a hacer ni puñetero caso –discúlpenme la arrogancia que en este punto exhibo cual si fuera un experto en Derecho sin serlo– simplemente porque todas las resoluciones judiciales que tanto el Juzgado de lo Social de Algeciras como la Sala de lo Social del Supremo ha dictado en contra del Consistorio barreño, en lo que se refiere a la extinción de mi relación laboral con la institución, están basadas precisamente en la doctrina jurisprudencial emanada del órgano de nuestro ordenamiento jurídico que ejerce como máximo intérprete de nuestra Carta Magna y del citado tribunal europeo.
Así que bien haría el señor Romero en ir asumiendo su derrota, para ahorrar más gasto innecesario a los veintitrés mil ciudadanos a los que representa, y pensar en solucionar el problema que tiene por delante, en lugar de agravarlo, como ha hecho con la mayoría –conste que no digo todos– de los problemas que ha afrontado, en su condición de primer regidor municipal, desde junio de 2011 hasta la fecha.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
