Resulta un tanto cínico que sean precisamente los abogados del estado los que sostengan –como sostuvieron el pasado lunes durante la apertura de la vista oral del juicio por el asunto Nóos– que Hacienda no somos todos. Me da a mí que cuando efectuaron tal afirmación –o, mejor dicho, negación– no estaban pensando precisamente en el común de los ciudadanos, sino en unos pocos: tal vez, los que no contribuyen, los que defraudan, los que se aprovechan de sospechosas amnistías fiscales y, probablemente, también en el PP. El argumento que utilizaron los señores letrados que se supone representan al Gobierno de España, y por tanto a los españoles, basado en la llamada doctrina Botín, para librar a doña Cristina de Borbón de tener que seguir sentándose en el banquillo, no fue lo que se dice afortunado.
No quiero que parezca que me alegro especialmente de la situación en la que se encuentra la hermana del rey, pues no es así. Aunque de lo que sí me alegro, y ya lo he afirmado en alguna otra ocasión, es de que, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, mal que bien, bien que mal, nuestro sistema judicial funcione con más eficiencia de la que a más de uno que yo me sé le gustaría.
Doña Cristina de Borbón se ve donde se ve, no porque el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca sea un malvado republicano que se empeñó en saltarse la legalidad y se propuso hacerle la puñeta a la monarquía imputando y acusando a la infanta. Se ve donde se ve porque se presume que, bien por acción, bien por omisión, pudo delinquir contra la Hacienda Pública y hay indicios que lo demuestran. Esto es, por engañar presuntamente al fisco. O, mejor dicho, por cooperar para que lo pudiera hacer su marido. Y en contra de lo que argumenta su defensa –para salvar a la mujer del apuro en el que se halla– aquellos razonamientos jurídicos de los que en su día se benefició el que fuera principal propietario del Banco Santander no solo parece que no son aplicables en favor de Su Alteza, sino que, además, sería toda una burla a la ciudadanía, una completa y absoluta indignidad, que lo fueran.
Chispa más o menos, la doctrina Botín viene a sostener que, si el Ministerio Fiscal no procede contra quien ha cometido un supuesto delito y el perjudicado por dicho delito tampoco lo hace, el presunto delincuente se libra de ser juzgado. Pero siempre y cuando el acto delictivo afecte solo al ámbito de lo privado y no al de lo colectivo. Cosa que, como todos sabemos, no ocurre en el caso que nos ocupa. Y no ocurre porque, en contra de lo que pretenden los abogados de la hermana del rey, y lamentablemente los abogados del estado también, el hecho de cumplir o no cumplir con el deber de tributar –tal y como lo reconoce la jurisprudencia sobre la materia sentada por el Tribunal Supremo– es, sin lugar a duda alguna, cuestión de interés público y, desde luego, algo nada baladí.
Hacienda somos todos.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
