Los trabajadores del transporte colectivo a las pedanías reclaman mejoras para un servicio que actualmente gestiona la empresa La Valenciana en base a una concesión que expira este próximo mes de febrero. El personal exige al menos que se respete el convenio provincial de conductores, que a pesar de que “es cortito” se viene incumpliendo de modo sistemático.
Como solución, los representantes de los trabajadores demandan la municipalización de este servicio, al igual que se hizo con el transporte urbano. Sin embargo, no parece que vaya a conseguirse ese objetivo a corto plazo, temiendo el personal que el servicio pueda ser adjudicado a la concesionaria anterior (Valenzuela), que según los trabajadores “es incluso peor que la actual”.
“El servicio sería más barato para el Ayuntamiento si lo gestionase de manera directa, porque eliminaríamos a la empresa, que viene a ganar dinero. Si se municipalizó el transporte urbano, cómo no se va a poder hacer esta misma operación en nuestro caso, que somos catorce trabajadores y siete líneas”, argumentan los representantes de la plantilla.
Mención aparte merece el hecho de que la flota de autobuses no se ajusta a las necesidades del servicio. La empresa utiliza vehículos de piso alto, con las dificultades que ello entraña para las personas mayores y aquellas que padecen algún tipo de discapacidad física. Esta circunstancia afecta a los conductores, que a menudo deben ayudar a los usuarios a subir al autobús. “Todo el trabajo recáe sobre nosotros. Terminamos agotados porque tenemos que bajar veinte veces para ayudar a los viajeros a montarse en el autobús y meter los carros de la compra o los carros de bebé en los maleteros”, explican.
Colectivos de discapacitados como Adifi también respaldan las denuncias del personal y los usuarios, dadas las dificultades que padecen las personas que sufren alguna discapacidad para desplazarse desde la zona rural hasta el centro de la ciudad.
Unos y otros urgen soluciones a las deficiencias que presenta el servicio, planteando ya la posibilidad de iniciar acciones de protesta.
Un despido todavía pendiente de juicio
Los problemas entre la empresa y los trabajadores no son nuevos. De hecho, el pasado mes de septiembre fue despedida una trabajadora que ejercía además como delegada sindical. “Dijeron que rompía los coches y que ya no trabajaba como antes. En realidad creo que me echaron porque había pedido que se cumpliera el convenio, para que el resto de la plantilla se achantara”, recuerda la propia afectada. El caso se encuentra todavía pendiente de juicio, ya que fue denunciado en los juzgados. La despedida está convencida de recuperar su puesto de trabajo en cuanto se celebre el juicio, que no tiene fecha, pero que podría fijarse para el mes de mayo.
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