La ayuda a domicilio ligada a la Ley de la Dependencia es una competencia de las comunidades autónomas que prestan los ayuntamientos cuando tienen más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, la Junta de Andalucía paga el servicio y el Ayuntamiento de Jaén lo presta. Así de sencillo es este silogismo. Pues a la ciudad de Jaén y a sus 400 dependientes les ha costado más de un año que la Justicia volviera a dejar las cosas como estaban antes del 3 de diciembre del año pasado, cuando Fernández de Moya denunció el convenio que tenía suscrito con la Junta de Andalucía (que es obligatorio) y desatendió a 400 jienenses con situaciones muy complicadas. Menos mal que las trabajadoras del servicio y la empresa que lo presta fueron responsables y no dejaron de cumplir con su obligación. Claro que la Junta se retrasaba en el pago del servicio, pero si a cada uno de los deudores que tiene el Ayuntamiento se les ocurriera cruzarle la cara por los retrasos, a esta ciudad tendríamos que colgarle el cartel de “Cierre” o de “Se traspasa”. No por mucho repetir un argumento se convierte en verdad y ayer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén fue muy clara al respecto, aunque el equipo de gobierno quiera seguir viendo lo que no hay. La Justicia les ha quitado la razón. No la tenían. ¿Y quién va a pagar las costas del juicio? El Ayuntamiento, es decir, los jienenses.
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