Hace ahora algo más de un año que el equipo de gobierno del PP y su alcalde, José Enrique Fernández de Moya, escenificaron uno de los capítulos de enfrentamiento entre Junta y Ayuntamiento más encarnizados de cuantos se recordarán en este mandato (el tranvía se llevará la palma no en uno, sino en tres). El Ayuntamiento denunciaba el convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio ligado a la Ley de Dependencia tras reiterados avisos a la Junta por retrasos en el pago y después de un plantón de las trabajadoras ante el alcalde en el teatro Darymelia. Hasta que el juzgado dictó medidas cautelares, casi 400 usuarios del servicio vivieron con angustia el desenlace final, temerosos de perder la ayuda, imprescindible en algunos casos. Finalmente el alcalde se quedó solo a pesar de que anunció que serían muchos los ayuntamientos que le seguirían en su decisión. Ahora, con el Consorcio Metropolitano de Transportes, vuelve a escenificarse la disputa Junta- Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, PSOE-PP y esta vez como rehenes se encuentran miles de viajeros de la capital que podrían encontrarse con un aumento del billete de autobús de hasta un 37 por ciento más caro. Es decir, una vez más, la bofetada política vuelven a dársela los dirigentes en la cara de los ciudadanos, que son quienes finalmente pagan los desaires, la irresponsabilidad y las sombras en la gestión de los políticos de turno.
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