Los juzgados onubenses han emitido en la última década un total de 45 sentencias en relación al uso ilegal de agua y cambios de suelo para uso agrícola en el entorno del Espacio Natural de Doñana, 36 de ellas condenatorias -20 por conformidad- y nueve absolutorias.
Así se recoge en el documento 'Algunas cuestiones prácticas sobre los aspectos penales de la extracción ilegal de agua del ámbito del espacio natural de Doñana', elaborado por el Fiscal de Medio Ambiente de Huelva y al que ha tenido acceso Efe.
El informe recuerda que esta labor judicial para perseguir delitos ambientales en el entorno de Doñana se inició en el año 2005, cuando se tuvo conocimiento en la Fiscalía de Huelva del problema de la transformación de zonas forestales en zonas de cultivo mediante el desbroce y eliminación en pocas horas del arbolado y la capa vegetal, así como de la apertura de sondeos sin autorización para dar respuesta a la demanda de agua.
En opinión del fiscal, el hecho de que se hayan dictado desde entonces 36 sentencias condenatorias, unido a otros factores, ha determinado "una menor proliferación de estas graves conductas, lográndose al menos acabar con la sensación de impunidad con que se venían realizando por una minoría de agricultores".
Concretamente, según se recoge en el documento, adelantado por el diario Huelva Información, del total de sentencias condenatorias 28 se han dictado por juzgados de lo penal -18 de ellas por conformidad-; dos por juzgados de instrucción, también de conformidad y seis por la Audiencia Provincial de Huelva, cinco de ellas en apelación.
La única dictada por la Audiencia como consecuencia de un procedimiento judicial llevado a cabo en la misma ha sido la conocida como la del caso 'Avispero' y, en su día fue considerada como "ejemplarizante", ya que por primera vez castigaba penalmente los delitos por construcción ilegal en Doñana.
Sin embargo, esta ha quedado sin ejecutar después de años de recursos y estrategias evasivas por parte del principal condenado, quien incluso logró que prescribiera la petición de cárcel por incumplimiento de la sentencia.
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